El alcalde de Calanda (Teruel), José Ramón Ibáñez, (PSOE), ha defendido que "no hay ni un céntimo de euro que haya desaparecido", tras ser imputado por supuesta prevaricación administrativa por unas obras en el Polígono La Fuensalada de Alcañiz.

En declaraciones a Efe, Ibáñez ha defendido que de la investigación policial del caso se desprende que "no hay ni un céntimo de euro que haya desaparecido" y que si ha habido "problemas administrativos" en algún contrato, se aclarará.

Ha señalado además que ahora es cuando ha conocido que estaba siendo investigado por la policía desde mayo de 2014.

"Somos un ayuntamiento pequeño, sin arquitecto en plantilla" y durante los doce años de gobierno socialista se han realizado 10 millones de euros en obras, ha dicho, y 50 en total.

"Entre cientos de contratos no descarto que hayamos hecho algo mal, pero será algo del contencioso y no penal", ha apuntado.

El también diputado provincial ha sido llamado a declarar como imputado junto a su antecesor en el cargo, Manuel Royo, y el secretario municipal, Constantino Fonz, como supuestos autores de un delito de prevaricación administrativa por la adjudicación de unas obras del polígono industrial, según publica hoy El Periódico de Aragón.

"Tengo ganas de ir a declarar a la juez para explicar esto", ha insistido, al tiempo que ha confiado en que se aclare el asunto, como ya lo hizo, ha dicho, la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Aragón al archivar una denuncia presentada por una empresa respecto a una obra en el mismo polígono.

Ha criticado el "excesivo nerviosismo" que a su juicio se ha desatado con la imputación y ha pedido "tranquilidad para aclararlo todo".

El primer edil ha dicho que "la imputación es una cosa llamativa para todo el mundo" pero ha rechazado dejar sus funciones como alcalde de manera temporal, tal y como ha pedido hoy en rueda de prensa Podemos.

"Me parece fuera de lugar la petición", ha recalcado y que su intención es continuar al frente del ayuntamiento: "Tal y como dije en el pleno de ayer, seguiré con mi obligación que es trabajar por la provincia y por mi pueblo, que me ha elegido".

Por su parte, el PSOE de Teruel ha emitido un comunicado en el que manifiesta que, de acuerdo al Código Ético del partido "el regidor no debe asumir ninguna responsabilidad puesto que éste establece que los cargos públicos que sean imputados deberán dejar su puesto cuando se abra juicio oral".

Según la nota, "ni tampoco según el decálogo que el PSOE firmó con Podemos para la investidura del presidente de Aragón, Javier Lambán".

El comunicado recuerda que el alcalde informó ayer al pleno del ayuntamiento de su imputación. Sobre eso, la nota apunta que "los hechos que se le imputan tienen que ver con un asunto puramente administrativo y se desconoce, por el momento, el periodo de tiempo en el que se centran las investigaciones".