La familia Hauke, a punto de perder 5,5 millones por el parón de Averly

El parón administrativo que sufren la licencia de demolición de las naves no catalogadas de la factoría Averly y la aprobación del plan especial para levantar 200 pisos en sus suelos a punto ha estado de salirle caro a los antiguos propietarios de la fundición. La familia Hauke podría haber perdido un total de 5,5 millones de euros si los actuales dueños, la constructora Brial, hubiera decidido dar marcha atrás a la operación de compraventa que, por valor de 8 millones de euros, rubricaron a finales del 2012.

En el momento de registrar la adquisición, los promotores establecieron una cláusula en la que se especificaba que, transcurridos tres años de la misma, se podría abortar todo, dejando de pagar esa cantidad --que está todavía pendiente de abonar-- y cobrándose en terrenos la parte alícuota de lo desembolsado inicialmente, 2,45 millones.

Así lo confirmó a este diario la propia Brial y la familia Hauke, que explicaron que "esa cláusula existe" para poder ejecutarla "cualquiera de las dos partes", pero que, cumplido ese plazo el pasado mes de enero, han "acordado ampliarlo". Aunque aún no han concretado el nuevo margen ni lo han formado. "Si hubiésemos querido se podía haber ejecutado, pero hemos decidido poner otra fecha", añadieron.

SE COBRA EN SUELO

En aquel acuerdo, suscrito en enero del 2013, Brial formalizó un primer pago de 2,45 millones de euros en dos abonos distintos. La familia Hauke percibió solo uno de ellos, de 549.038,86 euros. El resto, 1,9 millones, corresponde a la asunción de la deuda que la empresa Averly S. A. tenía con sus acreedores y que ninguna Administración quiso ayudarle a satisfacer cuando su situación era acuciante. Los otros 5,5 millones que ahora peligran se decidió satisfacerlos conforme se fueran entregando viviendas.

Pero poner fin a esta operación no significaría, en ningún caso, ni que la familia Hauke tuviera que devolver los 2,5 millones adelantados por Brial ni que la constructora dejara de ser la dueña del inmueble. En ese mismo acuerdo privado del 2013 se estableció que esa cuantía abonada se traduciría en suelo, es decir, la constructora pasaría a ser propietaria de un porcentaje de la superficie total proporcional al dinero desembolsado. Así, sobre un montante global de 8 millones, ese adelanto le convertiría igualmente, y sin tener que pagar 5,5 millones, en propietario, de más del 31% de la parcela.

Pero no solo eso. Además se establecía que, en caso de que no estuviera hecha la tramitación administrativa, la reparcelación y la urbanización en plazo, se le penalizaría con un 20% de recargo, por lo que, a la hora de cobrarse en suelo los 2,5 millones de euros adelantados, el porcentaje real que pasaría a sus manos de esta propiedad sería del 37,5% del suelo.