TRANSPORTE PÚBLICO

Guillén tratará de que se mejoren las conexiones con la Ciudad de la Justicia

EFE

El consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Guillén, ha informado de que, en el encuentro que mantendrán esta semana representantes de la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, se tratará de que se mejoren las conexiones del transporte público con la Ciudad de la Justicia, que ahora acogen también el Registro Civil.

En su comparecencia, a petición del Grupo Popular, para hablar sobre el traslado de las dependencias del Registro Civil al antiguo recinto Expo, culminado el pasado 1 de febrero, el consejero ha remarcado que hay "satisfacción" tanto en usuarios como en funcionarios con su nueva ubicación.

Esta mudanza, ha explicado, "no tiene nada de casualidad" y no se circunscribe únicamente al ahorro económico, ya que el alquiler del antiguo emplazamiento en la calle Alfonso I ascendía a los 22.000 euros mensuales, un coste que actualmente ha cifrado en "cero" al disponer la Ciudad de la Justicia de un área destinada a traslados y crecimientos, sino que viene a reforzar el carácter público y gratuito de este servicio ante cualquier "tentación" de privatizarlo, como ha asegurado que intentó el exministro Alberto Ruiz Gallardón.

Además, ha insistido en que, durante el proceso de traslado, "no ha habido un solo día" en el que se haya recurrido al "vuelva usted mañana" y que pese a que el coste del mismo asciende a 56.000 euros, es un gasto que solo se hace "una vez".

Del mismo modo, Guillén ha llamado la atención sobre la posibilidad actual de realizar sustituciones con jueces y secretarios, más sencilla ahora al estar en un mismo recinto, así como en la mayor facilidad para realizar trámites de modo telemático.

Por todo ello, ha expresado que el PP ha ido "excesivamente forzado" a esta comparecencia porque le habría gustado que el traslado "hubiera salido mal" en lugar de realizarse con la "satisfacción" de trabajadores y usuarios.

"Para una cosa que nos sale bien, reconózcanosla", ha dicho dirigiéndose al diputado proponente, a quien le ha preguntado si pensaron lo mismo cuando el Ejecutivo anterior decidió en 2013 trasladar toda la serie de dependencias que hasta entonces estaban diseminadas por toda la ciudad, ya que hasta hoy no ha encontrado ningún informe de viabilidad al respecto.

Fernando Ledesma (PP) ha criticado que los afectados conocieron "por la prensa" este traslado, ha dudado del ahorro en costes porque ha afirmado estar "seguro" de que lo que cuesta la nueva ubicación "cero no es" y ha afeado que no se diera respuesta a una proposición no de ley (PNL) aprobada en la Cámara, en la que solicitaban un informe con respuestas y datos antes de proceder al cambio de emplazamiento.

Del mismo modo, ha considerado que el coste aumenta para la ciudadanía por lo que implica el traslado hasta las dependencias actuales y por el perjuicio que supone este desplazamiento, dado que la anterior ubicación estaba próxima a otros lugares donde llevar a cabo trámites relacionados.

Violeta Barba, de Podemos, no ha querido entrar a valorar el traslado, pero sí que ha expresado su preocupación por que la decisión hubiera sido anunciada por los medios de comunicación y por que el Gobierno se saltara el acuerdo de las Cortes, una proposición que era, a su juicio, "bastante concreta" y que, en su lugar, le han intentado "colar" como informe "una lista de la compra" que no recogía aquello que solicitaban.

Por su parte, María Herrero (PAR), aunque ha reconocido que las cosas en el traslado "no se han hecho mal", ha protestado por que no se haya cumplido la PNL y ha coincidido con los populares en sus dudas sobre el coste económico, ya que dicho ahorro no se recoge en los presupuestos, por lo que entienden que esa partida presupuestaria está "sobredotada".

En representación de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, tras asegurar que "se intentó privatizar el Registro Civil" por parte del Gobierno central, se ha mostrado "completamente a favor" de su cambio de ubicación porque solo con el pago del alquiler ya se le pone "la carne de gallina" y a los responsables se les tenía que caer "la cara de vergüenza".

Como el resto de portavoces, también ha instado al consejero a que trate con el Consistorio de la capital las conexiones con el transporte público, sobre lo que han incidido también los representantes de los grupos que sustentan el Gobierno, como Carmen Martínez (CHA) y Florencio García Madrigal (PSOE), quien además ha subrayado que el anterior edificio no cumplía las condiciones de accesibilidad.

En su intervención final, Guillén ha aseverado que el traslado sí que se trató en una reunión sectorial con representantes sindicales, así como con el juez y el secretario responsables del Registro Civil, y ha pedido disculpas por no hacer llegar el informe solicitado por PNL a tiempo, por lo que se ha comprometido a solicitar a la directora general de Justicia que lo mande.

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