El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, va a exigir por carta a los líderes de los partidos nacionales y a los diputados y senadores que la deuda histórica que el Estado mantiene con Aragón y que su gobierno está calculando se incorpore a cualquier pacto para la gobernabilidad del país.

Así lo ha asegurado en respuesta a una pregunta que le ha formulado en el pleno de las Cortes el portavoz del PP, Roberto Bermúdez de Castro, quien se ha interesado por cómo piensa Lambán defender los intereses de los aragoneses en las negociaciones que se llevan a cabo a nivel nacional para conformar nuevo gobierno.

Lambán ha hecho referencia a la proposición no de ley que las Cortes aprobaron el pasado 3 de marzo en la que se insta al ejecutivo a calcular y exigir la deuda histórica acumulada por parte del Estado con la Comunidad Autónoma en los últimos treinta años.

El ejecutivo autonómico exigirá que esta deuda, una vez calculada, se incorpore a cualquier pacto de los partidos nacionales con las formaciones de carácter territorial como Compromís o En Marea, y así se lo ha hecho saber ya personalmente al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvo con él en Zaragoza el pasado lunes.

Pero, además, en cualquier pacto para la gobernabilidad de España Lambán exigirá que se respeten otros asuntos de relación bilateral, como que se reúna efectivamente la Comisión Bilateral Aragón-Estado, que se cumpla el artículo 108 para buscar un acuerdo de financiación, que se concluyan las inversiones en marcha o que se establezca un cauce institucional para la implicación de Aragón en la resolución de las tensiones de Cataluña con el Estado.

También el impulso a la resolución del problema de la devolución de los bienes religiosos, el reforzamiento de Zaragoza como nudo ferroviario esencial del norte de España, una reforma del sistema de financiación autonómica en el que prevalezca el territorio y no exclusivamente los habitantes o que se relaje el objetivo de déficit en tanto en cuanto las autonomías tienen que hacer en este aspecto un esfuerzo mayor que el Estado.

Sin embargo, Bermúdez de Castro ha mostrado su preocupación por el contenido de algunos acuerdos, por las "respuestas" que da Pedro Sánchez a algunas preguntas y, también, por algunos de sus "silencios".

Aragón, ha dicho, "se juega mucho" a corto y a medio plazo", y de estas negociaciones para formar gobierno puede salir "seriamente perjudicado", entre otras cosas si se aplica la reforma electoral que proponen los "partidos nuevos" con mayores espectativas en los territorios con más habitantes, y que implicaría que Aragón perdiera tres de sus trece diputados, ha dicho.

Además, se ha preguntado por lo que "le queda" a la comunidad en el caso de que se hagan efectivas las peticiones que están realizando a Compromís, Podem y En Marea para Valencia, Cataluña y Galicia.

El PP, ha concluido Bermúdez de Castro, quiere un país de ciudadanos "libres e iguales" y en el que un aragonés tenga los mismos derechos que un catalán o un valenciano, porque todos comparten "un mismo proyecto, que es España".

Lambán también ha respondido a una pregunta del portavoz del PAR, Arturo Aliaga, referente a los problemas de los aragoneses, en tanto en cuanto, según los datos de una reciente encuesta que ha proporcionado, el 72 % de ellos considera que el gobierno funciona "regular, mal o muy mal" y el 60 % estima que tiene poca o nula capacidad para resolver sus problemas personales.

En este sentido, Aliaga ha hecho referencia a la incapacidad presupuestaria para responder a compromisos como la paga extra de los funcionarios, la dotación a las comarcas, la justicia gratuita o la gestión de los parques naturales, pero también a la "sensación de parálisis" en el diálogo social o la poca implicación con el Ayuntamiento de Zaragoza.

Lambán, a este respecto, ha recordado que la decisión de no modificar los presupuestos para asumir la paga extra o la dotación a las comarcas fue del propio parlamento y ha asegurado que los propios agentes sociales dicen que el diálogo "funciona".

Sí que ha reconocido que las relaciones entre el ayuntamiento y el gobierno "no están del todo ajustadas aún", aunque espera que pronto se produzca un acuerdo de gobernabilidad que permita funcionar "con cooperación" y "velocidad de crucero".