El presupuesto de Zaragoza para el 2016 camina con paso firme hacia su aprobación definitiva en el pleno del próximo lunes. Sobre todo después de salvar in extremis el último escollo llegado de la mano de las alegaciones presentadas a las cuentas. Esta vez no es una discusión política, sino una reclamación llegada del tejido vecinal, a propósito de una cuestión que se pensaba superada ya: las expropiaciones de suelo realizadas para la Expo del 2008.

Según informó el responsable de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, los técnicos municipales aseguraban que había que admitir cinco de las 37 reclamaciones presentadas a las cuentas, que hacían referencia a los intereses de demora de aquellas operaciones, algunas de ellas iniciadas dos años antes de la muestra internacional e incluso abonadas hace siete años o más. Los propietarios de aquellos suelos, la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón, Raquel Braulio Blasco, la Comunidad de Regantes de La Almozara, Ana Isabel Lapeña Paul y la empresa Andofa S.L., exigían ahora el pago de los intereses de demora de aquella expropiación. Y había que pagarlo.

SIETE AÑOS DESPUÉS

Resulta que la notificación llega el último día para presentar alegaciones, el pasado día 7, sin que hubiera comunicación previa al consistorio por parte de los solicitantes e incluso habiendo tenido reconocida la obligación de pagar en años anteriores. Pero surge el último día, con todo el derecho a que se admita su petición y evidenciando la insuficiencia de la partida destinada a abonar el millón que suman todas ellas (1.022.083,65 euros).

Todas las maniobras que se han tenido que llevar a cabo en los siguientes diez días acabaron con una solución llegada desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este le informaba al consistorio de que la amortización de los dos créditos ICO, por valor global de 14 millones de euros, que tenía que empezar este año no se tenía que hacer efectivo a principios del ejercicio sino a partir de agosto en uno de ellos y de octubre en el otro.

Así que de esa partida saldrá el millón de euros que ZeC necesitaba para cubrir este abono obligatorio a los expropiados. Concretamente, 443.800 euros de lo que se ahorrará de pagar de uno de esos préstamos este año, y los 586.735 euros del otro. Al empezar a pagar más tarde, no requiere de la cuantía consignada al inicio de la elaboración del actual presupuesto.

Así que este imprevisto eclipsó un debate político que es prácticamente inexistente. Con PSOE y CHA ratificando su predisposición a votar a favor en el pleno del lunes y solo la crítica del PP y Ciudadanos (C's) a unas cuentas en las que no se ven reflejados.

Aunque lo más llamativo de las expropiaciones y sus intereses de demora que reclaman incluir en las cuentas es que, algunos de ellos --especialmente la empresa Andofa, que reclama 600.000 euros-- ya tenían reconocido ese pago el año pasado, en un presupuesto, este elaborado por el Gobierno socialista, en el que se consignó ese dinero y que nunca reclamó. Tampoco el consistorio hizo por pagar. Y este año reaparece en el turno de alegaciones.