El Registro de Vivienda Desocupada de Aragón podrá inscribir 2.471 bienes inmuebles de este tipo, que podrían llegar a las 3.000 en los próximos días, procedentes de ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo por entidades financieras. Los datos los facilitó ayer el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y la Directora General de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu,.

A partir de ahora se inicia un proceso para evaluar su estado legal, ubicación, características y condiciones de habitabilidad para ver cuáles interesan y se pueden incluir en la Bolsa de Vivienda Social de Aragón y en el futuro Fondo Social de Vivienda para personas en situación de emergencia social.

Soro indicó que "en Aragón nadie se queda en la calle, somos capaces de dar una respuesta habitacional, en colaboración con otras entidades y administraciones".

Tras destacar que esta actuación es un ejemplo del compromiso social que tiene este Gobierno, señaló que con este objetivo se trabaja en convenios con entidades financieras y con particulares para que incluyan sus viviendas vacías.

14 ENTIDADES Las 2.471 viviendas han sido puestas en conocimiento del departamento por catorce entidades, entre bancos, inmobiliarias, fondos, la Sareb, mientras que otras entidades han solicitado ampliar el plazo para presentar la documentación.

La mayoría de las viviendas aportadas proceden de ejecuciones hipotecarias en general y el 50% son interesantes atendiendo a la demanda de vivienda social existente o la situación legal en la que se encuentran por lo que se iniciará el trabajo de cribado sobre 1.194 de ellas. "Esto no significa --matizó el consejero-- que tengamos 3.000 viviendas que mañana podamos poner al servicio de las políticas sociales del Gobierno, pero sí es un paso para aumentar progresivamente la Bolsa de la que disponemos".

Por su parte, Mayte Andreu precisó que se revisarán las condiciones de habitabilidad y se evaluará si pueden ser interesantes para alguna de las 864 unidades de convivencia que tienen reconocido el derecho a vivienda social y están a la espera.

La Bolsa de Vivienda Social del Gobierno de Aragón cuenta en estos momentos con 237 viviendas arrendadas y 70 que están vacantes, de las que solo, hasta ahora, seis proceden de entidades bancarias.

Esta información, y la posterior cesión, es posible gracias a las medidas contempladas en el Decreto Ley 3/2015 de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda que impulsó el Gobierno PSOE-CHA y que entró en vigor el pasado 18 de diciembre del 2015 y que, en opinión de Soro, "es, en materia de vivienda, Äel más audaz, ambicioso, innovador pero, a la vez, el más realista. Hemos llegado hasta donde se podía llegar".

Además, añadió que "es la primera vez que se toma una medida de este tipo y es un ejemplo del compromiso social que tiene este Gobierno".