El Gobierno de Aragón quiere investigar de oficio las irregularidades que se cometen en las Viviendas de Protección Oficial (VPO) para detectar si existen casas desocupadas o que se hagan cobrado sobreprecios en la compra de segunda mano de las mismas. También se investigará si se cumplen las obligaciones en los arrendamientos. Hasta ahora la dirección general de Vivienda y Rehabilitación únicamente realizaba las inspecciones si partían de denuncias previas o iban vinculadas a alguna denuncia. En el caso de detectar irregularidades se abrirán los expedientes sancionadores y las medidas necesarias para el restablecimiento de la legalidad.

La directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, adelanta que el plan entrará en vigor el próximo 1 de abril y estará vigente hasta el 31 de diciembre, aunque previsiblemente también se extenderá a próximos años. El departamento señala que el objetivo de este cambio es cumplir con mayor eficacia la Ley 24/2003 e investigar y vigilar el cumplimiento de la normativa sobre las políticas públicas de suelo y vivienda. Además se comprobará que las entidades financieras, sus sociedades inmobiliarias vinculadas y la SAREB --el conocido como banco malo-- cumplen con la obligación de declarar todas las viviendas desocupadas de las que sean titulares como consecuencias de los procesos de ejecuciones hipotecarias.

400 INSPECCIONES Las previsiones del departamento indican que en los próximos meses se abordarán de oficio más de 400 inspecciones elegidas al azar en todo el territorio aragonés. Los criterios tendrán en cuenta el tamaño de las poblaciones y la provincia en la que se encuentran. En el caso de que el número de denuncias presentadas sea tan elevado que no permita atenderlas en un plazo razonable está previsto que se le dé prioridad al servicio de inspecciones aleatorias. Algunas se ejecutarán concertando una cita previa, pero también se considera la opción de actuar sin aviso.

La directora general considera que este plan "va más allá de lo recaudatorio" pues se ha planteado como "una forma de entender que las viviendas de protección oficial, los alquileres y las ayudas deben cumplir una función social. El Gobierno impulsó estas construcciones con una carácter ciudadano y deben se utilizadas en ese sentido".

Por su parte, Mayte Andreu precisó que se revisarán las condiciones de habitabilidad y se evaluará si pueden ser interesantes para alguna de las 864 unidades de convivencia que tienen reconocido el derecho a vivienda social y están a la espera.

La Bolsa de Vivienda Social del Gobierno de Aragón cuenta en estos momentos con 237 viviendas arrendadas y 70 que están vacantes, de las que solo, hasta ahora, seis proceden de entidades bancarias.

Esta información, y la posterior cesión, es posible gracias a las medidas contempladas en el Decreto Ley 3/2015 de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda que impulsó el Gobierno PSOE-CHA y que entró en vigor el pasado 18 de diciembre del 2015 y que, en opinión de Soro, "es, en materia de vivienda, Äel más audaz, ambicioso, innovador pero, a la vez, el más realista. Hemos llegado hasta donde se podía llegar".

Además, añadió que "es la primera vez que se toma una medida de este tipo y es un ejemplo del compromiso social que tiene este Gobierno".