educación
Las Cortes instan a garantizar la gratuidad real en los colegios concertados
EFE
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes ha aprobado hoy -con los votos de PSOE, Podemos y Grupo Mixto- una moción para instar al Gobierno de Aragón a garantizar la gratuidad real en los colegios concertados y acabar con prácticas como las "aportaciones voluntarias".
Por el Grupo de Podemos, impulsor de la moción, Carlos Gamarra ha insistido en que de forma "generalizada", aunque no en todos los casos, las familias se ven obligadas a afrontar el pago de una serie de cuotas mensuales, contribución al mantenimiento de las instalaciones o la adquisición de materiales de alto coste.
"Hecha la ley, hecha la trampa", ha reiterado, y esta forma de "hacer caja" impide la entrada a familias con escaso poder adquisitivo y tiene como resultado la "segregación" y que el "tan manido" derecho a elegir lo acaben ejerciendo los colegios y no estas.
Para ello, la moción incluye el encargo de un estudio jurídico al Gobierno de Aragón sobre estas prácticas, que se impidan y que estos centros proporcionen a las familias durante el proceso de matriculación información en la que se refleje la legislación vigente referida a la gratuidad tanto en colegios públicos como concertados, así como que esté presente tanto en las webs de los mismos como en la del Departamento de Educación.
Asimismo, también se solicita que aquellos centros sostenidos con fondos públicos que pidan "aportaciones voluntarias" lo hagan por escrito, especificando la voluntariedad de las mismas y que en cualquier momento sea revocable.
Los socialistas han respaldado la iniciativa después de que se aprobaran sendas enmiendas a diversos puntos por las que la redacción del texto pasaba de incluir la creación de un plan de inspección específico a que se incorporara como "acción prioritaria" en el plan anual, así como de poner en marcha una oficina de reclamaciones para las familias a "arbitrar las medidas necesarias" para que estas tengan conocimiento de sus derechos.
Del mismo modo, Podemos ha accedido a que se eliminaran dos puntos de la moción que hacían referencia a una campaña de publicidad institucional que informara de la gratuidad de esas enseñanzas y a que los colegios concertados instalaran un cartel visible en su fachada que reflejara de forma explícita que se trata de un "centro gratuito y sufragado con fondos públicos".
En su intervención, además, la diputada del PSOE Margarita Périz ha subrayado su rechazo a los pagos y ha reivindicado que todas las medidas desarrolladas por el Departamento en la actual legislatura han ido encaminadas a conseguir la gratuidad de todos los centros, sobre todo de los públicos, que se pusieron "en peligro" con el anterior Ejecutivo.
Gregorio Briz (CHA) se ha sumado al planteamiento de la moción y ha coincidido en que dichas prácticas generan segregación económica, étnica y social, por lo que ha abogado por que el alumnado se reparta de una forma proporcional.
Ha considerado que el concepto "voluntariedad" es "escabroso" y que estas aportaciones "nunca son voluntarias" y ha incidido en la necesidad de un planteamiento social y pedagógico para evitar que muchos padres contribuyan al "apartheid" al llevar a sus hijos a la concertada empujados por los hábitos sociales.
En cuanto a los grupos que han votado en contra, la popular Ana Marín ha acusado al diputado de Podemos de pretender "manchar" la acción de muchos colegios aragoneses que están haciendo un "gran trabajo" y ha recordado que un alumno en la concertada cuesta menos de la mitad que uno en la pública.
Ha defendido la libertad de elección y ha pedido también al Gobierno de Aragón que garantice una financiación suficiente para que dichos centros no dependan de las aportaciones voluntarias de los padres.
María Herrero, por el PAR, ha reconocido que todavía no se ha conseguido todavía la gratuidad efectiva que garantice la libertad de elección y la igualdad, pero ha instado a Gamarra a que si ve algo fuera de la legalidad acuda a los tribunales, para lo que contará con su apoyo.
El problema, a su juicio, está en la insuficiencia presupuestaria del modelo de concierto económico, de lo que ha responsabilizado al Gobierno de España por transferir unas competencias mal dotadas.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Susana Gaspar ha justificado su rechazo en que la iniciativa supone un primer paso para reducir la autonomía de los centros, ha apostado por trabajar de manera conjunta con ellos y por que cualquier oficina de reclamación incluya a toda la comunidad educativa y no solo a los padres que llevan a sus hijos a los colegios concertados.
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