Ley de Función Pública apuesta por despolitización, mérito y modernización

EFE

El Consejo de Gobierno ha tomado hoy conocimiento del proyecto de ley de Función Pública, una norma que apuesta por la despolitización, por la primacía del mérito, por la profesionalización de los funcionarios y por la modernización de la administración.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, quien ha enfatizado que el objetivo de la nueva norma ha de ser prestar los servicios públicos de calidad que exige la ciudadanía, garantizar unas buenas condiciones de trabajo y que el funcionariado tenga la motivación adecuada.

La nueva normativa, que modificará una ley que data de 1986, afecta a los 75.272 empleados públicos de las administraciones aragonesas, lo que representa el 19,45 por ciento de la población laboral. Son 51.818 empleados de la administración autonómica, 5.784 de la Universidad de Zaragoza, y 17.670 de las administraciones locales.

Se pretende modernizar la gestión pública con nuevas herramientas de gestión de personal, como la planificación estratégica, y reforzar la cooperación entre las administraciones.

Como novedades, algunos puntos de la nueva ley se aplicarán también a la plantilla del sector público empresarial.

Uno de los principales objetivos es lograr una mayor profesionalización del sector y garantizar el mérito profesional, para lo que se crea un tribunal administrativo de la Función Pública, integrado por entre tres y seis personas independientes, para garantizar que se respetan los principios de mérito, capacidad, libre concurrencia y publicidad en los procesos selectivos, que incluso podrá suspender en el caso de que haya errores u otras incidencias.

Para la provisión de puestos de trabajo, se establece el carácter excepcional de los puestos de libre designación, la provisión de las plazas de jefe de servicio mediante concurso específico a convocar cada seis años o la designación de los puestos directivos mediante un órgano técnico de valoración.

Una comisión de garantías que se creará en cada administración pública evaluará el rendimiento de los funcionarios y su carrera profesional, para la que se tendrán en cuenta los méritos de cada uno de ellos.

El anteproyecto adopta la clasificación profesional al sistema europeo y reduce a tres el número de cuerpos funcionariales para todas las administraciones: cuerpo superior para los graduados, técnico para los técnicos superiores de formación profesional, y ejecutivo para el personal de apoyo administrativo y facultativo.

Se impulsa una "visión ética" del funcionariado, con la creación de un catálogo de derechos y deberes, la aprobación de un código ético y el impulso de una gestión "basada en valores".

Asimismo, se han incorporado al texto legal medidas dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, como la creación de una nueva excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público distinta de la actual, que pasa a denominarse por incompatibilidad.

También se amplía el ámbito de aplicación de la situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar, para beneficiar a los funcionarios cuyo cónyuge o persona que se encuentre ligada de forma permanente por análoga relación de afectividad resida en otra localidad por razón de su prestación laboral, ya sea en el sector público o privado.

Finalmente, la nueva regulación permitirá abrir la administración a la ciudadanía con publicidad y transparencia en las decisiones sobre empleo público, con un portal de acceso a la función pública de Aragón y mediante la promoción de la igualdad de oportunidades.

Gimeno ha explicado que se están analizando los aspectos económicos de la ley, y como se pretende evitar que éstos influyan en un debate político que se pretende "tranquilo" y "sosegado", se ha decidido que las consecuencias económicas del proyecto sólo se produzcan en la próxima legislatura, cuando se prevé que haya mejorado algo la situación presupuestaria y financiera.

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