El Gobierno de Aragón se ha comprometido hoy a buscar una solución habitacional para una familia de Zaragoza que reside en una vivienda de la Sareb y sobre la que pesa una orden de desalojo para el próximo lunes, según ha explicado el consejero de Vivienda, José Luis Soro.

Se trata de un matrimonio con dos hijas y otro en camino que ocupó hace meses una vivienda vacía propiedad de la Sareb, que fue posteriormente cedida a la DGA en virtud de un acuerdo firmado entre el conocido como "banco malo" y el ejecutivo anterior.

Sobre esta familia pesa una orden de desalojo voluntario antes del próximo lunes, aunque todavía no hay una fecha fijada para el lanzamiento.

Ante el temor de quedarse en la calle, los afectados se han manifestado ante la DGA junto a una treintena de personas de la plataforma Stop Desahucios para solicitar una solución a su situación.

Soro se ha comprometido a "empezar a hablar" la próxima semana para encontrar una nueva vivienda para esta familia, que tiene como único ingreso una prestación del Instituto Aragón de Inserción (IAI) de 620 euros, ya que no es posible que permanezcan en su residencia actual porque pertenece a la Sareb.

"Es un compromiso no político, es un compromiso moral. En una sociedad democrática de estado de derecho social nadie debe quedarse en la calle por no poder pagar una vivienda", ha asegurado el consejero.

Rubén Giménez, el padre de la familia afectada, asegura que llevan nueve meses esperando la regularización del alquiler social que les prometieron cuando el piso que ocupaban pasó a ser propiedad de la Sareb.

Tras la decisión del ejecutivo aragonés de encontrarles una nueva vivienda, ha asegurado sentirse "contento y aliviado", al saber que él y su familia no se verán en la calle y dispondrán de una vivienda digna.

El consejero ha recordado que el actual Gobierno de Aragón de PSOE y CHA no está de acuerdo con el convenio que el ejecutivo anterior firmó con la Sareb y que lleva meses intentando renegociar.

El objetivo es conseguir que las viviendas cedidas por la Sareb puedan ponerse al servicio de la política social en unas condiciones que el ejecutivo pueda aceptar.