Los vecinos acuden a la Fiscalía de Medio Ambiente por la Torre Almozara

Los vecinos de La Almozara no cejan en su empeño de paralizar el proyecto de construcción de la Torre Almozara, el edificio de 20 plantas escalonadas que el consistorio ha autorizado en el triángulo de la plaza Europa más próximo al río, a la entrada del barrio. Tras las alegaciones presentadas ante el ayuntamiento, sistemáticamente denegadas, su último intento ha sido acudir a la Fiscalía especializada en Medio Ambiente en Zaragoza. Su representante, Manuel Torralba, mostró su interés en el tema y se comprometió a recabar y estudiar la documentación.

Así lo aseguraron los representantes de los dos colectivos que, principalmente, están llevando el peso de la campaña de oposición al proyecto. Se trata de la asociación de vecinos Ebro-La Almozara y la asociación de vecinos y consumidores Aljafería. Sus representantes, Encarna Mihi y José Antonio García, coinciden en señalar los múltiples prejuicios que traería el edificio que proyecta Ebrosa.

Estos se dividen en varios frentes. Por un lado, el impacto visual, que con semejante "mamotreto" --en su descripción más suave-- se generaría en la ribera del Ebro y prácticamente a la entrada de la ciudad, tapando hasta el Pilar.

MEDIO AMBIENTE Aunque llamativo, sería casi el menor de los problemas. La zona, como ya se comprobó en la crecida del Ebro de hace un año, se inunda. En la filosofía actual de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Gobierno de Aragón está dejar libertad para que el río discurra, y para los vecinos la construcción de este edificio --con sus cuatro plantas de garajes bajo rasante-- y la de otros que se han permitido encajonan el río creando prácticamente un embudo a nivel freático que aumentará la altura de las aguas.

Dentro del problema medioambiental estaría también la posible contaminación derivada de remover las tierras. Como recordaba Mihi, hasta hace no muchos años funcionaba la empresa que dio su nombre popular al barrio --la Química-- y cuyos vertidos, afirman, nunca han sido del todo evaluados.

A estos problemas que le ven a la torre se suma el de carácter estético-social. La torre se ubicaría junto a las casas de tres plantas de la entrada del barrio, las primeras construidas. Unos edificios que no solo quedarían cegados por la mole, sino que rozan el carácter histórico --tienen casi 60 años-- como patrimonio industrial.

Este contraste de las viviendas populares con un edificio al alcance de pocos bolsillos tampoco es del agrado de estos vecinos. Ni las consecuencias de añadir coches a una única salida a la plaza Europa ya congestionada.

Por todo esto, los vecinos no alcanzan a entender cómo el Gobierno de Zaragoza en Común, tan defensor del patrimonio histórico en otros casos --Averly, particularmente--, permite lo que consideran un "pelotazo". Señalan especialmente al concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, que votó en contra del proyecto en la oposición y ahora, en cambio, a favor.

CRÍTICAS Este aseguró a este diario que simpatiza con las reclamaciones de los vecinos, pero vino a indicar que paralizar un proyecto aprobado y sin ninguna pega legal sería prevaricar. "Por muy concejal de Urbanismo que sea", reiteró. Su oposición quedó clara como edil de IU, pero no puede obstaculizar un proyecto aprobado por el PSOE en el 2007. Que bastante retraso lleva, aunque los vecinos no lo conocieran hasta el año pasado, aseguran. Muñoz explicó que han hecho o apoyado cuanto ha estado en su mano para minimizar las afecciones. Desde reducir el proyecto de 311 a 240 viviendas (en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que autoriza el inmueble) hasta cambiar el proyecto a una torre escalonada, que reducirá, aunque no eliminará, los problemas de visión de las casas vecinas.

También han hecho que la comisión de Patrimonio vise hasta dos veces el proyecto, y que esté pendiente de que el plan estético final sea adecuado. O que Ebrosa compense parte de las afecciones invirtiendo en arreglar equipamientos deportivos del barrio. Y estarán "vigilantes", adviritió, de que no se viole ninguna normativa medioambiental y urbanística. Pero legalmente, consideran, no pueden hacer más.