El juicio del caso La Muela, en el que 36 personas están acusadas de presunta corrupción urbanística, ha continuado hoy con la ratificación por las defensas de los acuerdos para reducir penas que han alcanzado con la fiscalía, aunque no sea "por gusto", ha reconocido una de ellas.
Todos han enfatizado la colaboración de sus representados con la investigación en su arrepentimiento público, en que han resarcido o han prometido pagar millonarias responsabilidades civiles, y algunos han pedido al tribunal que, en la sentencia, permita a sus defendidos retomar sus actividades profesionales.
Así lo han hecho los letrados Ricardo Orus, quien ha solicitado que se cambie los seis meses de prisión que piden al empresario Luis Mariano Montori por una multa a fin de no afectar a su trabajo profesional, o José Sarasa, quien ha destacado que el exconcejal Juan Carlos Rodrigo Vela declaró de forma libre y voluntaria.
El más elocuente ha sido el representante legal del asesor fiscal José Antonio Puyadas, Luis Tomás García Merino, quien, tras enfatizar que su cliente ha perdido todo y no ha ganado nada, ha reconocido que la conformidad no ha sido "por gusto", pero sí "libre y voluntaria" y no fruto de un pacto "clandestino".
Ha sido un caso de "muerte o amputación" y se ha escogido esta última opción, ha remarcado en su breve intervención este letrado, que se ha preguntado cómo es posible que en una investigación con 44 delitos contra la Hacienda Pública y 16 personas acusadas no haya otros asesores fiscales y abogados imputados junto a su cliente.
La intervención más larga ha sido la del abogado Enrique Esteban Pendas, quien representa al empresario Antonio Fando y que ha hecho hincapié en el parcial uso que se ha hecho de las grabaciones policiales para instruir esta causa y las acusaciones.
Este letrado ha cuestionado las grabaciones, al considerar que pudieran estar viciadas y suponer una indefensión, no por ser nulas sino por el empleo que se ha hecho de las mismas, sin permitir a la defensa escucharlas en su totalidad y contrastarlas.
Antonio Fando, gerente de la concesionaria NTA, que gestionaba el servicio de aguas del municipio de La Muela, es acusado por la fiscalía de los delitos de cohecho continuado, malversación, falsedad continuada y fraude de subvenciones, por los que pide 10 años de cárcel y más de medio millón de euros de multa.
El letrado se ha referido al hecho de que su defendido, uno de los pocos empresarios que no ha llegado a alcanzar un acuerdo con el ministerio publico para reducir pena, se ha visto perjudicado por el reconocimiento de los hechos por parte de otros imputados, como es el caso de exconcejal Juan Carlos Rodrigo Vela.
Al respecto, ha señalado que en esos acuerdos pudo haber intereses "espurios" para mejorar la situación procesal de los acusados, entre ellos Rodrigo Vela, quien ha reducido a 5 los 17 años de cárcel que la fiscalía le pedía inicialmente por seis delitos, entre ellos prevaricación, cohecho y malversación.
Igualmente, ha considerado que este macroproceso, instruido en 84.000 folios y en el que entre las personas acusadas se encuentra la exalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla, debiera haberse investigado en piezas separadas, un asunto que ya rechazaron los tribunales, le ha recordado el magistrado presidente de la sala.
Durante más de una hora y media, ha explicado al tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza cuál era el papel de la empresa NTA, técnico y sin responsabilidad en la facturación, que su contabilidad estaba "completamente limpia" y que los patrocinios que hacía no estaban vinculados a ningún "pelotazo".
En este macrojuicio, el más importante que se ha celebrado en Aragón por presunta corrupción urbanística, los principales acusados han alcanzado acuerdos con la fiscalía para reducir penas salvo la exalcaldesa, para la que pide 35 años de cárcel, 25 millones de euros en multas y 140 años de inhabilitación.
El juicio, que comenzó el pasado 15 de diciembre, continúa esta tarde con los informes finales de otros abogados y está previsto que mañana, miércoles, terminen las intervenciones con la del letrado de Pinilla, Santiago Palazón, quien se hizo cargo de su defensa de oficio en febrero por decisión del Colegio de Abogados, al renunciar su anterior representante legal.
