El Gobierno de Aragón, tras la reclamación que hizo hace una semana el Observatorio Aragonés para la Discapacidad Intelectual y la Parálisis Cerebral (OADI), estudiará la concertación de casi 80 plazas (77 en concreto) en residencias para este colectivo. De este modo, liberará a las entidades sociales de asumir económicamente la atención de estas personas.
El compromiso del Ejecutivo se materializó ayer en una reunión que mantuvieron representantes de OADI con la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y el secretario técnico del departamento José Antonio Jiménez. "Tenemos un problema serio que queremos resolver con la máxima celeridad. La intención es integrar las plazas en el acuerdo marco a lo largo del mes abril", dijo Jiménez.
En el caso de que algunas correspondan a categorías que ya están completas (centros de día, residencias o de terapia ocupacional), la DGA estudiará una modificación del acuerdo en el futuro para poder integrarlas. Actualmente hay 2.800 plazas concertadas. "Quizás en un principio solo llegamos a concertar 60 de las 77 porque las restantes están cubiertas, por eso promoveremos un cambio de la normativa para que todas encajen en su categoría", explicó Jiménez. Dicha modificación podría llevar entre mes y medio y meses.
MEJORAR EL PROCESO
Por otro lado, desde la DGA trasladaron a los representantes de los disminuidos psíquicos que el procedimiento para atender a estas personas "vuelva a la normalidad" y no sufra demoras. "Por ambas partes se deben cumplir unos pasos y unos plazos que rigen el cómo entra un discapacitado a una plaza concertada hasta que se asume su atención. Ahí debemos ser más precisos y así evitaremos retrasos", explicó.
Sobre la deuda de dos millones que desde OADI reclaman al Ejecutivo, el secretario técnico recordó ayer que, desde que llegaron al departamento, ya han hecho una modificación presupuestaria cercana a los 8 millones de euros para abordar la deuda "heredada" del anterior Gobierno. "Ellos se comprometieron verbalmente a pagar en el 2013 y el 2014, pero no hay un documento oficial. Es un acuerdo sin papel y estamos buscando otros cauces para resolver esta situación. De hecho, se está intentando acoplar al acuerdo marco actual", apuntó.
