La presión que arrastra el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) con la huelga del bus es insostenible. Con la tensión política con la oposición, el hastío de los ciudadanos en las paradas y una constante petición de mediación que no acaba de fructificar, ayer se lanzó y apostó por el sí al acuerdo. La responsable de Movilidad, Teresa Artigas, y el de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, confiaron en que el referendo «sea un ejemplo de democracia, que cuente con una elevada participación y que la plantilla vote de manera mayoritaria afirmativamente». «Lo contrario generaría más incertidumbre sobre el final de un conflicto que está teniendo un enorme coste social», añadieron.
Pocas veces en estos 111 días se han pronunciado tan claramente a favor de la propuesta de la empresa, una «salida viable a la huelga indefinida», manifestaron. Porque pese a que insisten en que el Gobierno es «solidario con las reivindicaciones» de la plantilla, la que se vota hoy está avalada por el consistorio. Tras una dura negociación en la que, remarcaron, han intervenido para forzar el acuerdo. Sin éxito. Y en pro de mejorar un «clima social » en el seno de la empresa que reconocen que no es bueno.
Así que, al mismo tiempo, a la empresa le requerían el «cese del actual jefe de Recursos Humanos (Héctor Moreno) tras su agresión a un trabajador». Un paso «imprescindible » ahora -el pasado miércoles no lo era- que deberá acompañarse de una sanción «en proporción a su agresión».
Sin embargo, el riesgo de que fracase la última tentativa de firmar una paz social es máximo y en las paradas urge que actúe el Gobierno de Santisteve. De hecho, su principal defensa en el aluvión de críticas recibidas es su constante apuesta por «tender puentes» en una larga negociación que ha estado varias veces al borde de la ruptura. Mientras, tiene que lidiar con las persistentes peticiones de aumentar unos servicios mínimos que él fijó en el 33% al inicio del conflicto. Así que si gana hoy el no, tendrá difícil no tomar medidas más contundentes.
