No solo el letrado de Pinilla pidió ayer la absolución de su cliente, y entre los que ayer le precedieron pudieron escucharse alegatos de lo más pintoresco. Aunque todos bajo el común denominador de la falta de pruebas --"la orfandad probatoria", en palabras de José Luis Melguizo, defendiendo al empresario Emilio París-- y de las grandes "ausencias" del proceso.

Uno de los más claros a este respecto fue Jesús García Huici, letrado del único cargo de la DGA acusado, el vicepresidente de la Comisión de Ordenación del Territorio, Carlos Martín Rafecas. "Si hiciésemos una porra sobre quién ha podido influir en la comisión, otros se llevarían los votos", ironizó.

Para el letrado, Martín Rafecas se ha convertido en "el sargento Vázquez" --el único militar fusilado en la revolución de Asturias de 1935-- de la causa, necesario para que el caso no se quedara en "una corrupción de pueblo, con todos los respetos para el pueblo". Afirmó que algunas de las órdenes que le atribuyen venían "de arriba, pero arriba no se ha investigado".

En la misma línea, el letrado Enrique Esteban, al defender al director de la sucursal de Cajalón, Alberto Lozano, recordó que su cliente no solo no tenía por qué conocer el blanqueo en su entidad, sino que es "el verso suelto" de la causa. Porque, recordó, el control del posible blanqueo no era su responsabilidad.

Y se produjeron extracciones fraccionadas no solo en su sucursal --hubo una de dos millones en billetes de 500 en la central--, sino en otras cajas. Pero de ellas nadie ha llegado al banquillo.