Miles de personas siguen sin acceso a la sanidad y exigen eficacia a la DGA
EFE
La Plataforma Salud Universal ha advertido hoy de que miles de personas en Aragón siguen sin acceder a la sanidad a pesar de la instrucción del actual gobierno aragonés para extender la cobertura a todos los ciudadanos, por lo que ha exigido efectividad más allá de la voluntad política.
Varios miembros de esa plataforma han comparecido hoy en una rueda de presa en el Colegio de Abogados de Zaragoza para manifestar que cuatro años después del real decreto-ley del Gobierno de Mariano Rajoy que dejó fuera del sistema a 800.000 personas (14.000 en Aragón según el gobierno y 30.000 según el INE), "no hay nada que celebrar".
Este real decreto-ley, ha subrayado Inmaculada Díaz, supuso una "regresión" en los derechos de los ciudadanos arguyendo el colapso del sistema sanitario sin estar acompañado de un informe económico que lo justificara, y además de reducir la cartera de servicios, disminuyendo la aportación pública sobre medicamentos, prestaciones y recursos sanitarios, modificó el derecho de acceso, supeditándolo a ser asegurado o beneficiario, excluyendo así, entre otros colectivos, a las personas en situación irregular.
En Aragón, el gobierno de la popular Luisa Fernanda Rudi, fruto de la presión de la plataforma y de otros colectivos, creó en abril de 2013 el programa de protección social de la salud pública, y el actual ejecutivo PSOE-CHA puso en marcha, el pasado mes de agosto, una instrucción para regular el acceso a la asistencia sanitaria a los extranjeros sin recursos económicos suficientes ni cobertura de asistencia.
Al centrarse en los inmigrantes en situación irregular, se deja fuera a los extranjeros comunitarios o a las personas ascendientes regularizadas como consecuencia de un reagrupamiento familiar, ha indicado Díaz, quien además ha advertido de la situación de quienes no reúnen los requisitos por problemas de empadronamiento o por la imposibilidad de conseguir el documento de no exportación del derecho.
Según la plataforma, los datos del Gobierno de Aragón del pasado 12 de abril cifran en 6.000 las personas que quedan sin atender y han entrado en el sistema con esta nueva medida desde agosto 278, ya que las integradas por el anterior programa eran 1.500, lo que en su opinión muestra el fracaso de una medida "insuficiente" que no ha llegado a la población que lo necesita.
Díaz ha recordado además que hace un año la plataforma convocó a los partidos políticos con representación en ese momento en las Cortes a firmar un compromiso por la restitución de la tarjeta sanitaria al conjunto de la población aragonesa, que suscribieron todos salvo el PP.
Julia Moreno, por su parte, ha indicado que la instrucción del actual gobierno mejora la medida del anterior, pero sigue sin cumplir el compromiso firmado de restituir el derecho universal a la salud a todas las personas que viven en Aragón y tampoco se ha terminado con la facturación por la atención en urgencias ni se ha mejorado la información sobre la situaciones especiales.
Según la PSU, las organizaciones que la forman han atendido más de 900 casos, 617 desde enero de 2014 y julio de 2015 y 288 entre agosto del año pasado y marzo de 2016, todas personas excluidas del sistema sanitario aunque algunas cumplían los requisitos pero no habían sido informadas, entre ellas menores y embarazadas.
Desde agosto del año pasado, una vez aprobada la instrucción por el gobierno, las organizaciones sociales han atendido 138 casos de situaciones especiales de los que no habían sido informados, algunos derivados desde centros de salud.
Además, ha asegurado Moreno, siguen llegando a las entidades sociales personas que han firmado compromisos de pago para ser atendidas en urgencias de hospitales o que están recibiendo cartas previas a la facturación, el caso más grave el de una menor.
Dada esta situación, la plataforma admite que el fin de la exclusión sanitaria y la restitución de un sistema universal solo puede llegar a través de la modificación legislativa de alcance nacional, pero mientras eso ocurre, reclama al Gobierno de Aragón que cumpla las mejoras comprometidas con la plataforma haciendo efectiva en junio una orden que las regule y que se eleve a rango de real decreto antes de fin de año.
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