INVESTIGADO
El Ayuntamiento de Zaragoza cesa a García Mercadal como jefe de asesoría jurídica
En sus declaraciones ante el juez, según el abogado del sindicato Somos, Mercadal se ratificó en la legalidad de los 2,1 millones entregados a la empresa Auzsa, concesionaria del servicio de autobuses urbanos.
EFE
El Gobierno de Zaragoza ha cesado a Luis García Mercadal como jefe de la asesoría jurídica municipal, por su situación de investigado por presuntas irregularidades en el pago, por parte del anterior gobierno del PSOE, de 2,1 millones de euros a la concesionaria del servicio de autobús para afrontar 153 despidos.
García Mercadal, que será sustituido por Carlos Navarro, declaró el pasado 12 de abril ante el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, que ha abierto una investigación sobre este pago tras presentar el sindicato Somos, en diciembre pasado, una querella por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación.
La querella también se presentó contra el interventor del Ayuntamiento, José Ignacio Notivoli, el exalcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch y los miembros de su gobierno municipal Carmen Dueso, Jerónimo Blasco, Lola Ranera, Roberto Fernández y Fernando Gimeno, que es actual consejero de Economía del gobierno aragonés.
En sus declaraciones ante el juez, según el abogado del sindicato Somos, Mercadal se ratificó en la legalidad de los 2,1 millones entregados a la empresa Auzsa, concesionaria del servicio de autobuses urbanos.
El mismo día declaró José Ignacio Notivoli, quien dijo que no tenía ninguna responsabilidad en este asunto, que no era competencia de su cargo y que era un "mandado" sin potestad para decidir si se tenía que haber pagado o no las indemnizaciones, según el letrado de la organización sindical.
El pago de los 2,1 millones de euros a Auzsa lo hizo el gobierno de Belloch tres días antes de que fuera sustituido por el actual alcalde Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común (ZeC).
El sindicato Somos considera que las indemnizaciones que se pagaron por los despidos de los trabajadores de Auzsa, la mayor parte de los cuales fueron contratados de nuevo, es fruto de una actuación irregular y que ese dinero debe recuperarlo el ayuntamiento.
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