Para que el Arzobispado de Zaragoza haya aceptado finalmente que el despido de María Del Carmen Amador fue improcedente, la carta que le remitieron el 30 de junio del 2015 justificando las causas por las que extinguían su vinculación laboral fue detallada y muy elaborada.
A través de ocho páginas, el responsable de personal y nóminas de la administración diocesana le comunicaba que a raíz de la incorporación del nuevo arzobispo se había realizado un chequeo de los servicios del palacio. Una revisión "profunda y detallada" que constataba y probaba que Amador había abandonado su puesto de trabajo "prácticamente todos los días". Desde el 1 de abril, había faltado cuatro jornadas completas, 23 faltas de más de una hora; 30 de entre 31 y 59 minutos y 75 ausencias de entre 11 y 30 minutos, además de 10 jornadas de lunes por la tarde. Faltas que, según el informe, supusieron "una desatención del servicio que presta, causando retrasos en los procesos y en algunas ocasiones, esperas en las citaciones para las declaraciones".
Además, aseguran que existen "multitud de pruebas" de estas ausencias y citan: "sistema de vídeo vigilancia del edificio, testificales, documentales y también de informe de un detective".
