"La vía judicial está cerrada, solo queda la política". Así de claro lo reflejó ayer el edil de Zaragoza en Común (ZeC) Pablo Muñoz, quien en los últimos meses ha visto cómo los jueces no solo han denegado su petición de suspender la tramitación de la licencia de derribo, sino que han puesto de manifiesto el fraude procesal que representa esa solicitud siendo la parte demandada y apoyando la tesis de la demandante, Apudepa. Contundente cierre a la vía judicial.

Con todos los encontronazos que ha habido en un año de legislatura entre el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y el grupo municipal del PSOE, el alcalde Pedro Santisteve vuelve a necesitar a los socialistas para conseguir uno de sus objetivos prioritarios de su programa electoral: salvar Averly del derribo. Al del ayuntamiento y, en el futuro y solo si fructifica, también al del Gobierno aragonés. Con el PP no cuenta y sin el PSOE no suma los 16 votos necesarios.

Acudir a una votación pidiendo modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para ofrecer una mesa de trabajo en la que trasladar a la empresa otro suelo sin todavía concretar cuáles pueden ser, y para hacer en Averly un equipamiento para el que no hay estimación de costes o estudio de posibles usos se puede interpretar como un cheque en blanco para la oposición. Más aún si se quiere convencer al dueño de Brial de que debe construir en otro lado.

Una de las incógnitas por resolver más importantes para el futuro de Averly es la financiación del proyecto de equipamiento que se quiera ejecutar. El edil de ZeC Pablo Muñoz aseguró que se podría obtener fondos gracias a la ayuda de las múltiples fundaciones internacionales que han destacado a Averly como una joya del patrimonio industrial a nivel internacional, pero también apeló a la ayuda de la DGA y a su "predisposición para participar de la promoción y dinamización del espacio".