En el 2008 llegó la crisis y con ella la bajada de las ofertas laborales. Una realidad que supo aprovecharse un vecino de la capital aragonesa al que la Fiscalía acusa de realizar falsas contrataciones de peruanos para que conseguirles la nacionalidad española. Pide para él 3 años de prisión, pero también pide cárcel --entre dos años y medio y un año y nueve meses de privación de libertad--para los tres amigos que le ayudaron a conseguir su propósito.

Según la acusación pública, fue un español de origen peruano, Marco Antonio G. B., quien ideó el plan delictivo con el que enriquecerse: ofrecer trabajo simulado de servicio doméstico de compatriotas suyos. Él era, presuntamente, el responsable de presentarlas en las oficinas de extranjería las autorizaciones de residencia y el trabajo que tenían esas personas. "Una vez en territorio español y concecidos los permisos, les daba de baja en el sistema de la Seguridad Social", señala el ministerio público, quien apunta que el supuesto trabajo no superaba nunca los 30 días.

SIN FIGURAR EN PAPELES Para llevar a efecto esto, este hombre, que nunca figuraba como empleador ni firmaba oferta alguna, convenció, supuestamente, a José Antonio C. P., Freddy Armando R. A. y Cristian N., para firmar cuantos documentos conducían a ese fin y oara facilitar sus datos de identidad, documentación e información bancaria para realizar los trámites y domiciliar los pagos a la Seguridad Social. Según la investigación policial, estos acusados llegaron a dar autorizaciones a favor de Marco Antonio G. B. para que llevara a cabo todo tipo de gestiones ante la administración pública y, en particular, ante la Seguridad Social y la Oficina de Extranjería. "Accedieron a darle esos poderes, siendo conocedores de los planes de este hombre y de la utilización mendaz que iba a hacer con ellos", apunta el fiscal.

Como consecuencia de ello, consta, a nombre de José Antonio C. P., autorizaciones de residencia y trabajo en base a contratos simulados para diez persona, si bien lo consiguieron ocho personas. Ninguna de ellas había estado antes en España. Detrás de Freddy Armando R. A. aparecen cinco personas y de Cristian N. solo una.

La Policía reconoce que la cuantía exacta que pagaban los beneficiados se desconoce, si bien, en algún caso, llegó a los 6.000 euros, de las que únicamente se beneficiaba el ideólogo de la trama, a quien, de una u otra forma se los hacían llegar.

El juicio por este asunto se ha tenido que señalar para el año 2017, debido a que se desconoce el paradero de muchos testigos y la Policía debe dar con ellos para citarles. Frente a la acusación de la Fiscalía, las defensas, entre las que está la abogada Cristina Remón, solicitan la libre absolución del acusado.