La dirección general de Justicia e Interior comenzó ayer los trámites para el abono del complemento salarial de productividad que perciben los funcionarios de los juzgados de Violencia sobre la mujer. Un plus cuyo pago estaba en duda, lo que motivó que los sindicatos amagasen con una huelga. Finalmente, salvo que el Consejo de Gobierno diga lo contrario, se abonará el incentivo (de unos 83.000 euros) como se ha venido haciendo en los últimos años.

Fuentes del Gobierno aragonés confirmaron ayer que han comenzado a tramitar el abono, con el que certifican su anunciada "voluntad" de pagar. La decisión estaba pendiente de la valoración de Intervención. Aunque esta no se ha producido en los términos que habían pedido, entienden que el criterio del órgano fiscalizador no prohíbe pagar desde enero un plus acordado este mes, en la mesa sectorial.

Los sindicatos que amagaron con la huelga seguían ayer sin verlo claro. De hecho, remitieron un nuevo comunicado porque entendían que el informe de Intervención había sido negativo. Pero el Ejecutivo seguirá adelante con el pago completo y el dinero se detraerá de una partida específica para estos complementos. La misma, por ejemplo, con la que se paga el exceso de horas a los funcionarios que trabajan en la oficina de notificaciones que Justicia tiene en la cárcel de Zuera.

Los sindicatos (CCOO, UGT, CSIF y STAJ) se habían plantado porque entienden que los cambios de criterio para percibir este plus de productividad suponen que los funcionarios han de trabajar un 70% más para cobrar lo mismo.

Además, esta es una jurisdicción además especialmente sensible en cuanto al trabajo, y con un aumento de la carga laboral al tener que tratar los quebrantamientos --saltarse la condena o la medida cautelar impuesta, como el alejamiento de la víctima-- que antes asumían los juzgados convencionales.

Este exceso de tarea y horas (también por asumir, una semana sin otra, estar de juzgado de guardia especializado) se seguirá compensando con este plus, de entre 60 y 190 euros al mes según categorías laborales, afirmaron desde la DGA. Aunque los sindicatos seguían pidiendo que se concrete esta orden de pago y el Gobierno de Aragón muestre más consideración a los trabajadores de esta rama, especialmente sensible.