La Audiencia Provincial de Zaragoza puso el pasado día 1 punto y final a la querella interpuesta por Somos Sindicalistas contra los miembros del Gobierno socialista de Juan Alberto Belloch en el consistorio de la capital aragonesa --en la pasada legislatura-- y los funcionarios de la casa que, con sus informes, avalaron el pago de 2,1 millones de euros a la contrata del autobús, AUZSA, con el que se hacía frente al coste de los 153 despidos que conllevaba el nuevo contrato en el 2013. Durante más de un año ha pesado la acusación, por parte del sindicato, de unos presuntos delitos de prevaricación y malversación que la magistrada Esperanza de Pedro reafirma que nunca existieron.

Finiquita el caso por la vía penal acordando desestimar la apelación formulada por la parte querellante y se alinea con lo que anteriormente dijo el juzgado de instrucción número 1 en primera instancia, acordando el sobreseimiento del caso. Lo llamativo, en esta ocasión, es la contundencia con la que responde la jueza al recurso. No solo exime de culpa a concejales y funcionarios que avalaron el pago, sino que subraya que la "imparcialidad no es cuestionable" en el caso de los técnicos de los servicios jurídicos municipales que ya informaron de forma negativa sobre la supuesta lesividad de este acuerdo. Aunque este fuera adoptado por el Gobierno municipal el 11 de junio del 2015, tres días antes de que el actual alcalde tomara posesión del cargo en el ayuntamiento.

"Se estima que en el presente caso el querellante lo que pretende es sustituir los criterios razonables y correctos del instructor por su criterio personal, sin el debido apoyo probatorio, por lo que procede la desestimación del recurso", apunta la magistrada en el auto entregado ayer a las partes interesadas.

La misma contundencia con la que antes insiste en el mismo en que "los funcionarios imputados han emitido los informes necesarios en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas", en concreto en aquel en el que se especificaba que el ayuntamiento "podía y debía acceder a la petición de la adjudicataria de asumir los gastos de reestructuración de personal" que supuso asumir la nueva contrata.

De hecho, la jueza también destaca que "no hay indicio alguno, así lo reconoce el propio recurrente y se señala por el magistrado instructor, de que haya habido un concierto de voluntades entre todos o alguno de los querellados para licitar el servicio con cláusulas ambiguas y obtener la adjudicación a favor de determinada empresa que luego obtendría del ayuntamiento los sobrecostes de la reestructuración de personal". Esta parte descarta, incluso por parte de quien denuncia, que hubiera intención de dirigir el concurso hacia una contratación de AUZSA.

Mientras, el Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC) mantiene abierto el litigio en vía administrativa y reitera que nunca consideró que se hubieran cometido delitos penales.