La decisión de no recurrir la sentencia que anula tres artículos del pliego de condiciones por los que se adjudicó a Auzsa la concesión del transporte público de Zaragoza es política y "reflexionada", como han asegurado hoy el alcalde, Pedro Santisteve, y su consejero de Servicios Públicos, Alberto Cubero.
En una rueda de prensa para presentar la IV Carrera 080 de Bomberos, Cubero ha explicado que la decisión de no recurrir ante el Supremo, pendiente de la reunión de mañana del gobierno de la ciudad, se adopta porque "se considera que la sentencia avala algo que como gobierno siempre habíamos denunciado en el ámbito de la contratación pública, en el que las grandes empresas han obtenido un trato de favor".
Y es, ha dicho, el caso de Auzsa, cuya adjudicación, ha criticado, "fue a dedo".
No se recurre porque además cree que no existen grandes posibilidades de que el recurso prospere.
El concejal ha informado de que no existe un informe jurídico que avale la decisión pero ha asegurado que ha habido reuniones con los técnicos en los que se han analizado diferentes escenarios, por lo que "es una decisión reflexionada".
Cubero ha asegurado que desconoce si la empresa va a recurrir al Supremo o no, caso este último que implicaría que la sentencia sea firme y que afecta, ha insistido, a tres artículos que "no deberían figurar en el pliego de condiciones" y que son los que determinaron que el servicio se adjudicara a Azusa.
No obstante, ha precisado que si la sentencia es firme "no implica que el contrato esté anulado", aunque sí ha reconocido que si se anulara cabrían compensaciones a la empresa Auzsa o a la cooperativa, cuya cifra en estos momentos es "imposible calcular".
También ha señalado que en ese caso sí estudiarían la posibilidad de municipalizar el servicio, al igual que se haría cuando cumpla el contrato.
Por su parte, Pedro Santisteve ha insistido en que la posición del grupo es de no recurrir, por lo que no se necesita informe jurídico, además de que es una decisión política, si bien ha precisado que será mañana cuando se tomará la decisión pertinente.
Ha explicado que la sentencia tiene "unos efectos meramente declarativos" y que "introduce como novedad que una cooperativa puede participar en la licitación", algo a su juicio, "positivo".
Se trata, ha dicho, de una sentencia de "imposible ejecución" que puede dar lugar a una indemnización a quien se sienta perjudicado y ve "dudoso" que pueda dar lugar a una nueva licitación, aunque "habrá que esperar a lo que diga el Supremo" en el caso de que se recurra.
No obstante, ha recordado que el ponente de la sentencia todavía no se ha pronunciado respecto a las aclaraciones que le pidió el gobierno municipal.
"Cuando lo haga veremos qué escenario se produce. Lo demás es hacer elucubraciones" ha añadido, y ha advertido de que la cooperativa de trabajadores no recurrió la adjudicación, por lo que ahora no pueden exigir que "hay que empezar de cero".
Santisteve ha señalado que el objetivo de su gobierno es que este servicio público sea prestado con calidad, para lo que ha recordado el esfuerzo para renovar la flota, mejorar las rampas de acceso y para controlar a la contrata.
Desde el PP, su portavoz, Jorge Azcón, ha solicitado una Junta de Portavoces donde el "gobierno de la transparencia" aporte todos los informes jurídicos existentes y ha acusado al alcalde y a Cubero de tomar una "decisión basada en la ideología" que podría costar 60 millones de euros a los zaragozanos.
Azcón ha alertado de las consecuencias "letales" y "extraordinariamente graves" sobre las arcas municipales, ya que "la situación económica del ayuntamiento es "la peor de todas las grandes ciudades y esta decisión sería la puntilla" y ha anunciado que ha contactado con el resto de portavoces de los demás grupos municipales para "no descartar cualquier iniciativa conjunta que tenga como objetivo defender los intereses de Zaragoza y no los del gobierno".
Para el portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, se trata de una decisión "equivocada y gravosa" para la ciudad, dado que, ha advertido, solo por lucro cesante podrían reclamarse hasta 35 millones de euros, al tiempo que ha reclamado un informe jurídico acerca de la viabilidad y procedencia de interponer un recurso de casación.
La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, ha pedido a Cubero que reflexione y "abandone sus posturas partidistas y comience a ser concejal de todos los zaragozanos" y se ha preguntado "dónde queda la transparencia y la participación que pregona Zaragoza en Común" cuando, "ante la sentencia más importante de este ayuntamiento", la oposición "no cuenta con ninguna información", informa el grupo en una nota de prensa.
