Si antes de ayer fue el turno de las acusaciones, particularmente de la Fiscalía, de dibujar una panorámica de la corrupción urbanística de La Muela, ayer las defensas comenzaron a emborronar el cuadro. Los abogados de diez de los acusados coincidieron en que la operación Molinos adolece de falta de pruebas, pese a los siete años empleados para recabarlas. Y en algunos casos negaron directamente que hubiera delito. Pero si el tribunal pensara lo contrario, añadieron, la tardanza debe reflejarse en una rebaja de condena.

Ayer comenzó el turno de las defensas para exponer sus informes finales en el juicio de la operación Molinos, que previsiblemente terminarán hoy. El juicio concluirá mañana, como tarde, con las últimas palabras.

De los 15 encartados defendidos ayer, 5 de ellos pertenecen al bando de quienes han alcanzado acuerdos con las acusaciones. Sus alegatos, por tanto, no fueron muy extensos.

Sí lo fue el resto, en la medida en que lo permitió el tribunal. Así, Ricardo Esteban Pendás, en defensa de Antonio Fando --el gestor de Nuevas Tecnologías del Agua (NTA)--, defendió que este no era el responsable de la empresa, sino "un gestor técnico" que no tuvo nada que ver con la elección de la empresa para gestionar el servicio de saneamiento de La Muela. Además, recordó, no se le han hallado movimientos económicos que delaten un enriquecimiento sospechoso.

Según expuso, el único indicio de relación especial con la exalcaldesa Pinilla sería que NTA ofreció a su hijo Víctor ser socio, pero porque era empleado, y lo rechazó. Y fue años antes de que la empresa fuera seleccionada para prestar el servicio en la localidad, retirando a la anterior.

Una retirada, o rescate, que fue realmente porque la calidad del servicio era mala, no porque Pinilla se empecinara. "No era una quimera", afirmó.

PREVARICACIÓN

Esta sustitución de Gestión de Aguas de Aragón por NTA deriva en varias acusaciones de prevaricación para los acusados. Pero ellos, coincidieron los letrados, no la tomaron, y además no sería una resolución tan claramente injusta (requisito del delito) cuando el juzgado de lo Contencioso-Administrativo que la valoró dijo que era un caso complicado.

Además la decisión la adoptó formalmente la alcaldesa accidental Miriam Fajardo, como recordó el abogado Santiago Palazón, en defensa del exconcejal Fernando Barba, uno de los imputados por esto. La "sombra alargada" de esta sustituta, no acusada, volverá a oírse hoy en su defensa de Pinilla.

La técnica jurídica fue la base de la defensa de dos socios del intermediario Carmelo Aured, Modesto Barranco y Fernando Lavilla. Su letrada, Carmen Cifuentes, fue detallando los requisitos del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios que les atribuyen, por fundar la empresa Castelnovo con el secretario municipal, Luis Ruiz y el arquitecto, Francisco Núñez.

Concluyó que no se da ninguno de los requerimientos, salvo que haya funcionarios públicos por medio. Ruiz y Núñez hablaban en plural de la empresa por teléfono, sí, pero era por la "amistad estrecha" que les unía a los empresarios, no porque fueran socios.

Pero incluso si lo eran, no tuvieron ninguna intervención en su cargo que beneficiase a la empresa, que también es necesario para que se dé el delito, recordó.

Su análisis fue aplaudido por los letrados de Ruiz y Núñez --Jesús Abril y Javier Hernández Hernández--, que lo hicieron suyo en este tema. Abril recordó que no hay "ni una llamada telefónica" que pruebe una especial relación entre el secretario y Pinilla. Y que las funciones del cargo del primero no iban más allá de "dar fe" de lo que decidían quienes tenían poder de decisión. Para el control económico está la intervención.

Por ello, desgranó, no puede haber responsabilidad en su participación en los plenos de adjudicación del servicio a NTA, ni en el presunto fraude en la subvención de la DGA por obras, en parte, no realizadas. Aquí, su informe no habría valido para tramitar, solo para reflejar "la normativa aplicable".

Por su parte, el letrado de Francisco Núñez, Javier Hernández Hernández, también justificó que en los delitos de tráfico de influencias que se le imputan --por hablar con miembros de la Comisión de Ordenación del Territorio para reclasificar terrenos, como el también acusado Carlos Martín-Rafecas-- requieren de un ascendente sobre el influido. "¿Pero dónde está la posición de superioridad, si somos el último mono de la escalera?", se preguntó.

Rafael Ariza fue de los más incisivos en cuanto a la falta de pruebas de delito fiscal contra sus clientes, los empresarios de Nuevos Hogares Vicente Rodrigo y Julio Herrero. Recordó que la confesión de Carmelo Aured les exculpó expresamente.

El otro Javier Hernández (García), defendiendo a Patxi Aramburu, apoderado de Sagain, dibujó igualmente a su cliente como un empleado, sin poder de decisión en los presuntos pelotazos urbanísticos. Y como presidente en funciones de la Federación Aragonesa de Atletismo advirtió que si cada patrocinio empresarial puede ser considerado como una prueba de cohecho (soborno), como en este caso, corre peligro el deporte de base en la comunidad.