El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un expediente de apremio en el que reclama 432.000 euros al Ayuntamiento de La Muela por varias obras no ejecutadas que cobró con cargo a una subvención del Instituto Aragonés del Agua (IAA) tras presentar facturas y certificaciones mendaces que aseguraban que sí habían sido realizadas, según confirmaron fuentes del Departamento de Medio Ambiente. La DGA ha acudido a la vía ejecutiva después de no haber obtenido respuestas del consistorio muelano en los dos expedientes que tramitó, tras descubrirse el engaño en las investigaciones de la Operación Molinos, para tratar de recuperar los fondos.

El IAA ingresó a final de diciembre del 2008 --cuando recibió las certificaciones municipales-- en una cuenta del ayuntamiento 635.000 euros, que se sumaban a los 71.000 entregados en los dos años anteriores con cargo a una subvención del Plan del Agua de 980.000.

Una posterior inspección de la DGA reveló que diez de las 29 obras certificadas, que sumaban un valor de 392.561 euros, no existían y otras trece incluían sobrecostes, lo que reducía el precio real de las actuaciones a 342.543. El IAA asumía el 80% de los costes de los trabajos, lo que reducía la subvención que realmente le correspondía al Ayuntamiento de La Muela a 274.035 euros.

Poco después de levantarse el secreto de las diligencias de la Operación Molinos, el IAA puso en marcha un expediente de reintegro con el objetivo de recuperar los 432.737 euros en los que cifró el desfase. No obtuvo ninguna respuesta del consistorio, como tampoco la recibió cuando, cerrado el primer expediente, abrió un plazo de reconocimiento de deuda en periodo voluntario.

Ante esta situación, el asunto pasó al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, el cual, según explicaron fuentes de la DGA, ha puesto en marcha un expediente de apremio para reclamar esa cantidad al consistorio que preside Mariví Pinilla.

Según explicaron fuentes jurídicas, la ejecución de un procedimiento de apremio entre administraciones tiene tres posibles vías de ejecución. La más viable, señalaron, consiste en pedir una compensación de deuda por la vía del Fondo de Compensación Municipal, el principal instrumento por el que los ayuntamientos reciben financiación estatal. Si Hacienda lo admite, entrega al acreedor el dinero que el Gobierno central iba a destinar al moroso hasta que quede saldado el débito. Otra consistiría en que la DGA se cobrara la deuda no materializando ayudas que pudiera aprobar. La tercera sería intentar embargar bienes municipales no adscritos al dominio público ni a servicios.