La sorpresa que algunos de los imputados en la Operación Molinos manifestaron por la aprobación del plan de la sexta fase de ampliación de Centrovía, que promueve Construcciones Sagain, estaba fundada. Efectivamente, la Comisión de Urbanismo emitió un informe favorable, el 19 de diciembre de 2008 sin que se resolvieran las prescripciones que marcaba la DGA y que habían provocado su denegación en julio de ese mismo año.

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¿Tenía razón la alcaldesa María Victoria Pinilla al decir que no lo aprobaban porque no querían o simplemente sus presiones dieron resultado?

En la documentación que el Gobierno de Aragón ha aportado al juzgado con las actas y notificaciones de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (llamada también COTA por algunos de los implicados), se verifica que los mismos impedimentos que ésta había puesto para no sacar adelante el plan seguían sin ser corregidos. El principal era que las obras de urbanización de la fase anterior (la quinta) tenían que estar acabadas para conectar los accesos y servicios de la sexta. Sin embargo, la promotora de este sector, Inbisa, pidió hace unos meses la licencia de obras para el movimiento de tierras y solo se ha realizado un acta de replanteo para verificar las alineaciones de las parcelas.

Con esta resolución, la constructora en la que trabaja Patxi Aramburu, el que fue socio de Agapito Iglesias hasta hace un mes, tenía vía libre para ejecutar sus planes en 153 hectáreas de terreno.

Tan evidente parece que algo pasó entre los meses de julio y diciembre del año pasado que el Ayuntamiento de La Muela y Sagain presentaron un recurso de alzada ante la comisión en septiembre. Con este fin contrataron los servicios como abogado del secretario de Cuarte, Fernando Della Casa Dulanto, quien cobró 800 euros.

La resolución de este recurso le corresponde al viceconsejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Carlos Escó, quien dio por cerrado el caso en febrero de este mismo año después de que los recurrentes lo retiraran.

UNA PERMUTA Antes, y puede que en previsión de que la decisión de aprobar el plan se dilatara en el tiempo, el arquitecto de La Muela, Francisco Núñez Castillo, propuso que Patxi Aramburu, "a través de los contactos políticos de sus socios" --en referencia al propietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, según apunta la Policía-- "mueva los hilos necesarios" para que la DGA cambie de parecer. Así consta en una intervención telefónica que obra en el sumario.

Había otras soluciones. Y estas pasaban por firmar un convenio entre el ayuntamiento y Sagain para hacer una permuta por la que el consistorio se quedaba con la finca de 200 hectáreas de Centrovía y, a cambio, la empresa vasca recibiría parcelas urbanizables --en el casco urbano-- procedentes de las cesiones obligatorias del 10% de las promociones, reservadas para VPO.

La alcaldesa llegó a encargarle este documento al secretario Luis Ruiz, pero se negó alegando que para hacer una permuta de ese tipo "era necesario un informe jurídico, otro de la intervención y el control externo de la DGA".

En su comparecencia ante el juez instructor, el secretario Luis Ruiz --que también ejercía de juez de paz del municipio-- llega a calificar el cambio de actitud de la Comisión de Urbanismo de "obra de arte", aunque después aclara que "quería decir que le parecía sorprendente" que se hubiera aprobado el plan.