Las relaciones entre el Ayuntamiento de La Muela y Aranade, empresa que preside Julián de Miguel --en libertad bajo fianza--, a través de la Sociedad Urbanística Municipal (SUM) provocaron un quebranto millonario a las arcas municipales, según indican algunos de los informes elaborados por la Policía en las primeras fases de la Operación Molinos.
"Se ha podido constatar" que algunas operaciones en Urcamusa (Urbanización Castillo de La Muela) y el polígono industrial Centrovía "han causado un grave perjuicio económico al Ayuntamiento de La Muela, pues este ha enajenado fincas de su propiedad por un precio muy inferior al de mercado", concluyen los investigadores.
También señalan, en relación con una serie de operaciones con fincas efectuadas en el 2004, que "la gran beneficiada de esta menor cuantía en la carga urbanística fue la mercantil Aranade".
Los policías detectaron un quebranto de más de 1,5 millones de euros en solo dos operaciones. Una de ellas, relacionada con Centrovía, "representó un perjuicio económico para la SUM de 693.297,85 euros, que esta dejó de percibir en favor de Aranade". En otra, la sociedad urbanística municipal dejó de percibir 874.167,62 euros.
Aranade se encarga desde finales de 1997 de gestionar el urbanismo de La Muela, tarea por la que recibe altas comisiones. El primer contrato, del 16 de septiembre de ese año, supone que la empresa de De Miguel se llevaría el 10% del precio de venta de viviendas, locales, garajes, sótanos, parcelas del polígono y de Urcamusa y de obras relacionadas con los vertidos.
Dos años más tarde, cuando arranca Centrovía, la SUM se compromete, en un nuevo contrato, a vender a Aranade las parcelas urbanizadas del polígono siempre que no existiera una solicitud previa de compra con el objetivo de edificar las naves que fueran a asentarse en las parcelas. Habrá quince días para cerrar la venta desde el momento en que fuera requerida; la comisión se sitúa en el 5%.
NUEVO ACUERDO Con estas condiciones, las ventas de las parcelas de la cuarta fase del polígono, en el 2004 y el 2005, suponen 65 millones de euros, 26 por ventas de la SUM a Aranade. La reducción de la comisión de Aranade elevaba los ingresos de la SUM, concluye la Policía.
El 7 de enero del 2002, la SUM y Aranade suscriben un nuevo acuerdo por el que la segunda recibirá el 10% del precio de venta de los inmuebles y del coste de la obra en otro tipo de actuaciones.
El Grupo de Blanqueo de la Policía concluye que la relación entre esas dos entidades "da lugar a una evidente confusión entre intereses urbanísticos públicos y privados".
