El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Departamento de Sanidad que valore la posibilidad de «formalizar convenios de colaboración» con otras Administraciones públicas para posibilitar que el personal funcionario de carrera y el estatutario fijo de los servicios de salud «puedan acceder a los procedimientos de movilidad voluntaria convocados para ambos tipos de personal».
El documento, que se dio a conocer ayer, expone este hecho tras recibir la institución una queja, el pasado 28 de marzo, en la que se aludía a la situación del personal funcionario perteneciente al cuerpo de especialistas de otras autonomías en las que no existe personal estatutario, como es la Comunidad Foral de Navarra. «Y que por tanto ve limitada su posibilidad de participar en concursos de traslados a la Administración pública aragonesa», añadió el Justicia.
La crítica la trasladó un funcionario del Gobierno de Navarra desde el 2010 y que relató su situación. «Soy facultativo de área en la especialidad de radiofísica hospitalaria. Mi queja es relativa a la imposibilidad absoluta de traslado de mi plaza a ninguna otra comunidad, y más concretamente a Aragón, donde me he tenido que trasladar a vivir por motivos familiares», explicaba.
«Cada vez que se convocan concursos de traslados, mi situación de funcionario de la Comunidad Foral me impide concursar a los mismos porque siempre son convocados para personal estatutario. Aquí es donde radica el problema que, para mi y otros muchos compañeros en la misma situación, no tiene otra solución que volver a empezar y volver a superar otra OPE (Oferta Pública de Empleo) para conseguir una plaza», añadía.
El propio afectado propone un acuerdo entre Navarra y Aragón, que le permitiría concursar y «cambiar esta situación», dijo.
Doble objetivo
A juicio del Justicia de Aragón, la adopción de convenios de colaboración con otras Administraciones públicas para facilitar la movilidad del personal «puede contribuir a la consecución de un doble objetivo», según la institución. Por un lado, se alude a la efectividad del principio de movilidad del personal en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Por otro, a la provisión de puestos conforme a criterios de igualdad, mérito y capacidad, «favoreciendo un servicio público que atienda de manera más efectiva a la satisfacción del interés general y el bien común».
El 19 de julio, Sanidad respondió a la información transmitida al departamento y apuntó que no existe «la obligatoriedad del Salud de abrir el proceso de movilidad voluntaria a otros grupos de empleados públicos, que es cuestión diferente a que pueda hacerlo, en uso de su potestad, mediante la previa formalización de convenios de colaboración con otros servicios de salud”.
Por tanto, no se trata de una obligación de la Administración «Desde una perspectiva estrictamente jurídica, no constituye una irregularidad administrativa susceptible del ejercicio de la facultad de supervisión del Justicia de Aragón», precisó la institución. Sin embargo, «en ejercicio de su auto organización» la comunidad sí que podría proceder a realizar estos convenios.
Por tanto, García Vicente consideró en su sugerencia «razonable» plantear al Departamento de Sanidad que valore la posibilidad de formalizar acuerdos de colaboración para dar salida a la situación de este personal sanitario.
