Los votos a favor de PP, PAR y Ciudadanos, sumados a los del PSOE, han permitido hoy sacar adelante un proyecto de ley que habilita un suplemento de crédito de 23,7 millones de euros destinado a la educación concertada, que ha contado con el rechazo de Podemos e IU y la abstención de CHA.

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha defendido hoy ante el Pleno de las Cortes este proyecto de ley, necesario, ha dicho, porque no hay crédito suficiente en la sección 18 del presupuesto para asumir el pago de las nóminas de los profesores de la enseñanza concertada y porque este concepto no tiene la condición de crédito ampliable según la propia ley de presupuestos de 2016.

Así, aunque denunciando la "irresponsabilidad" del gobierno en la gestión presupuestaria, los votos de los grupos del centro derecha han permitido aprobar este suplemento de crédito de 23,7 millones de euros, de los que 11,376 millones se destinan a enseñanza Infantil y Primaria; 11,85 millones a Secundaria y 474.000 euros a educación especial.

El suplemento de crédito, según el proyecto de ley, se financiará con baja en varios créditos disponibles por 5,5 millones en partidas como, por ejemplo, tres destinadas al apoyo a la ganadería, al uso eficiente de la energía o para la mejora de infraestructuras educativas, en concreto más de un millón para las obras de los centros de Pedrola y Sobradiel y el IES Valdespartera, según ha recordado el diputado de Podemos Héctor Vicente.

Gimeno ha justificado que a estas alturas del ejercicio presupuestario y como consecuencia de licitaciones y adjudicaciones ya producidas, es ya "imposible" ejecutar estas partidas.

Por eso, ha insistido, no se limita "ninguna posibilidad de gasto real" y, mucho menos afecta a otro tipo de gasto social.

Los otros 18 millones de euros hasta alcanzar los 23,7, provienen de los ingresos procedentes del Ministerio de Hacienda derivados de la liquidación definitiva de las entregas a cuenta del ejercicio de 2014.

El consejero ha recordado que es necesario aprobar este suplemento a través de una ley porque una enmienda promovida por IU en la tramitación de los presupuestos de 2016 imposibilita que las partidas destinadas a la educación concertada sean créditos ampliables.

Vicente ha insistido en que el voto negativo de Podemos se debe a que la formación morada no quiere avalar una "gestión presupuestaria desastrosa", porque desde antes de elaborar el presupuesto ya se conocía el contenido de los conciertos educativos y su cuantía, que no fue suficientemente consignada, ha asegurado.

Además, ha lamentado que la "falta de previsión" del gobierno vaya a hacer que se tengan que detraer recursos de otras partidas "fundamentales".

El popular Antonio Suárez ha apuntado que los 23,7 millones aprobados son importantes porque suponen el 15 por ciento de la cantidad total destinada a la educación concertada y ha pedido que no vuelva a pasar que estas partidas se consideren créditos no ampliables, como así solicita una propuesta de resolución presentada por su partido y aprobada en el pasado debate sobre el estado de la comunidad.

Los portavoces de PAR y C's, María Herrero y Javier Martínez, han coincidido en achacar parte de la responsabilidad en este problema a Podemos, partido que apoyó el presupuesto de 2016.

Herrero ha apuntado que es una "irresponsabilidad" incluir partidas que "de antemano" se sabía que iban a ser insuficientes, y todo por el "bien quedar" del PSOE con una parte "muy concreta" del electorado.

Y Martínez ha recordado que su partido ya avisó de la carencias en esta partida, incluso cuando se aprobó la enmienda que no permite ampliarla. Ha agregado que es necesario dotar a la concertada correctamente "desde el principio".

Para Gregorio Briz, de CHA, este suplemento "se veía venir" cuando se votó una partida de 130 millones para los conciertos, pero también ha dicho que se tomó una decisión que él creyó "ideológica" para limitar las aportaciones a la concertada, y se ha preguntado por los motivos por los que este tipo de educación está mal financiada.

Finalmente, la diputada de IU, Patricia Luquin, ha defendido su voto en contra por "coherencia ideológica", en tanto en cuanto que su formación defiende la "reducción progresiva" de los conciertos.

También ha deseado que en los próximos presupuestos se establezca "exactamente" la cantidad que se destinará a este concepto, acabando con la "gatera" de las ampliaciones de crédito que hace que al final no se sepa lo que se gasta en este concepto.