La propuesta suscrita por PSOE, PP y Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de Zaragoza para imponer la creación del outlet de Pikolín pasa hoy por el tamiz de los servicios jurídicos. Estos deciden hoy si cumplen con la legalidad al proponer aprobar el plan especial para que el nuevo recinto de la carretera de Logroño albergue usos minoristas y que, siendo así, se le exima a la empresa Iberebro de la cesión del 10% del aprovechamiento. Un pronunciamiento que, en su caso, no es nuevo. Hace escasos meses afirmaron que aumentando los usos permitidos en estos terrenos, «no es adecuada» la exención. Para una revalorización que, para estos nuevos usos que se pretenden, están muy por encima del actual valor y del de otras zonas H --suelo urbano no consolidado-- de la capital aragonesa. Con y sin huertos de por medio.
El resultado de la valoración jurídica de una apuesta política que tumba la del Gobierno municipal pondría un hándicap a valorar por los partidos que sustentan la creación del outlet de Pikolín y de los promotores, la empresa Iberebro que, en base a los cálculos de Zaragoza en Común (ZeC), podría tener que hacer frente a una obligación valorada en unos tres millones de euros o más.
DESDE EL 2009
Lo que dejaron entonces bien claro los servicios jurídicos es que el caso de Pikolín no tiene comparación con lo que sucedió con Puerto Venecia ni con el criterio que con carácter general se aprobó, por parte del pleno, el 22 de abril del 2009. Entonces se decidió que se le eximiría a la propiedad de ese 10% del aprovechamiento cuando se desarrollara un plan especial para los suelos de cualquier zona H del término municipal. Una interpretación que no serviría, según decían los letrados del ayuntamiento, para este supuesto, ya que se da cabida a usos comerciales del denominado grupo 4, que supondrá un aumento del valor del suelo notable.
Aunque la decisión de aprobar el plan especial para los suelos de Pikolín es discrecional del pleno, entendían que renunciar a esta compensación para la Administración sería un perjuicio para la ciudad. Aunque, como todo en este expediente, queda sujeto a la valoración de los concejales, que serán los que voten si escuchan o no su valoración.
Mientras, la batalla política continúa. En público y en las redes sociales. Ayer, más por parte del Gobierno de Zaragoza en Común que desde la oposición. El responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, calificó en rueda de prensa de «bochornoso» que PP, PSOE y C’s insistan en defender los intereses de la empresa y les instó a retirar la exención del 10% del aprovechamiento. «Solo se puede eximir lo que es obligatorio cobrar», aseveró, al tiempo que recordó que crearía un «gravísimo precedente» con otros suelos similares.
A su juicio, esta «política de saldo» conllevará que otros «aparecerán como setas» en el ayuntamiento para exigir un trato similar. Y que la posibilidad de renunciar al 10% de aprovechamiento al que estaría obligado la empresa solo sirve si «concurren unas circunstancias especiales como que tenga un valor muy inferior al de otras zonas de la ciudad». Y que, como esto no se da, es «un trato de favor».
