El peso de la ley ha caído sobre el polémico empresario leonés de la minería Victorino Alonso por la destrucción del más importante resto del Neolítico en Aragón: la cueva de Chaves, que atesoraba pinturas rupestres comparables a las de Altamira. Maquinaria pesada de su empresa arrasó este enclave arqueológico para hacer instalaciones de un coto de caza.
Tras un proceso judicial de casi diez años, el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca le ha impuesto dos años y medio de cárcel por un delito contra el patrimonio histórico en tanto que responsable de los daños infligidos al yacimiento prehistórico, situado en el municipio de Casbas, en la Hoya de Huesca.
Asimismo, Alonso deberá indemnizar en 25,4 millones al Gobierno de Aragón como propietario de la cueva. En cambio, el juzgador considera que el empresario, que fue juzgado el pasado 22 de septiembre en la capital oscense, no es responsable de un delito contra el medio ambiente, como sostenía una acusación, y le absuelve del mismo.
La empresa Fimbas, SA, que gestionaba el coto de caza, es declarada responsable civil subsidiaria y deberá asumir las costas del proceso, que se inició en el 2009, si bien la denuncia data de dos años antes.
La defensa del empresario emitió ayer un comunicado en el que manifestó que recurrirá la sentencia por considerar que presenta «notables contradicciones» que no desvirtúan la inocencia de su cliente.
Las obras que supusieron la destrucción del enclave consistían en la habilitación de comederos y abrevaderos para la cría de cabras, y además se extrajeron escombros de la cueva para la construcción de un dique.
La sentencia describe que Victorino Alonso ordenó la realización de los trabajos en el interior del refugio natural. Según el juez, el empresario «no solo era conocedor de la existencia del yacimiento, sino también de su valor arqueológico y por consiguiente también» de que estaba protegido.
Este argumento tira por tierra la versión dada por Alonso en el juicio, donde afirmó que él no había ordenado la destrucción del yacimiento y achacó los problemas a la «dejadez absoluta» del Gobierno de Aragón. Asimismo, manifestó que desconocía la existencia de las pinturas rupestres, hasta que se formuló la denuncia, y que él se desplazaba ocasionalmente al coto a cazar.
El fallo judicial señala que una retroexcavadora de gran tonelaje llevó a cabo operaciones en la cueva, abierta al exterior, sin que hubiera presente un arqueólogo. Los movimientos de la máquina arrasaron y destruyeron casi todos los niveles arqueológicos del Neolítico que había en la cueva de Chaves.
ABSOLUCIÓN
En su sentencia, el magistrado oscense considera asimismo que Fimbas, SA, era conocedora de la existencia del yacimiento arqueológico, de su protección y de la necesidad de solicitar autorización a la DGA.
Pese a darse estas circunstancias en que ni el empresario ni la empresa ignoraban el valor del enclave, Victorino Alonso «tomó la decisión de vaciar la cueva de Chaves con el fin de utilizarla para el interés de la empresa y la explotación del coto de caza».
Alonso, a quien acusaban también Ecologistas en Acción y la asociación Apudepa, dedicada a la protección del patrimonio histórico aragonés, es absuelto sin embargo en la misma sentencia de un delito contra el medio ambiente.
La sentencia priva de validez la versión del empresario que trataba de diluir la culpa alegando contra el arqueólogo Vicente Baldellou, ya fallecido, el operario que manejaba la retroexcavadora y la propia Administración.
Sin embargo, la DGA no se libra de críticas, pues el magistrado considera que una adecuada señalización del yacimiento, así como la realización de una labor de vigilancia, circunstancias que no se daban en la realidad, hubieran podido tener un efecto de aviso sobre los empleados y sobre terceras personas en un paraje situado en una finca privada del término despoblado de Bastarás, cerca de Huesca.
