Una jueza investiga una presunta estafa a una víctima de desahucio

El Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza investiga por estafa e intrusismo profesional a A. G. T., que está al frente de El Negociador Bancario. La denuncia parte de un vecino de la capital aragonesa que le contrató, previo pago de 3.000 euros que tuvo que pedir a amigos y familiares, para evitar que Bantierra se quedara con la vivienda, después de hipotecarla para intentar salvar la empresa cárnica que dirigía. Finalmente, este hombre no ha tenido que abandonar su vivienda -hoy se cumplía el lanzamiento- después de que el banco le haya ofrecido un alquiler social por un importe mensual de 350 euros.

El querellante, L. A. S. reconoce que estaba en una situación «tan mala que me agarré a cualquier hierro ardiendo». «Busqué en internet, me salió su página web, así que me puse en contacto con él y confié plenamente», apunta, mientras resalta las promesas que le profirió y que aparecen en su web: «Paralizamos las demandas de ejecución hipotecaria consiguiendo al final del procedimiento judicial que el cliente con la entrega de la vivienda se quede sin deuda. O que recupere su vivienda sin hipoteca».

ACUSACIÓN

La abogada de este hombre, Irene Romea, ve en esta forma de actuación una estafa puesto que «asegurar el plazo de una ejecución de 5 años solo se obtiene con actuaciones tendentes a obstaculizar la acción de la Justicia o usando algún tipo de fraude procesal, además de asegurar a la víctima que él tiene la facultad de optar a una dación en pago, cosa que no es cierta, e incluso le asegura que los avalistas quedarán libres de toda carga».

«El acto de la subasta se produjo el 25 de junio del 2015 -firmó en abril-, por tanto era imposible que se mantuviera la propiedad a nombre de mi cliente, y todas las actuaciones procesales efectuadas por El Negociador Bancario han ido tendentes a alargar el procedimiento con el fin de cobrar más honorarios».

De hecho, este hombre llegó a abonar 3.000 euros que ingresaba en una cuenta que, tal y como señala la letrada, corresponden a una empresa en las que está como administrador A. G. T., si bien «está dada de baja fiscal desde el año 2014, y por supuesto no presenta cuentas anuales desde el 2009».

En la instrucción que dirige la magistrada María José Bello también trata de aclarar la actuación de un abogado, G. P. F. en este procedimiento, ya que la víctima asegura que «no le comunicaban el procedimiento».