Los sindicatos Cemsatse, CSIF y CCOO anunciarán hoy la convocatoria de una huelga sanitaria --previsiblemente en enero-- al no confiar en que la DGA aragonés acabe llevando al Consejo de Gobierno la inclusión de las casi 1.500 plazas convertidas de eventuales a interinos que la Administración se comprometió a añadir a la oferta complementaria de empleo del 2016.

La medida la han adoptado tres de los cuatro sindicatos que amenazaron con la huelga, ya que UGT se ha desmarcado de una decisión que sí mantiene el resto de los componentes de la mesa sectorial.

De hecho, estos colectivos volvieron a celebrar ayer una concentración frente a la Aljafería, antes del pleno, en la que protestaron contra la no inclusión de esas plazas y volvieron a exigir a la Administración que se lleven al Consejo de Gobierno.

Precisamente, las Cortes de Aragón aprobaron ayer una proposición de ley presentada por PSOE y CHA para modificar la ley de Salud que permita aprobar ofertas públicas de empleo fuera de tasas de reposición. Pero lo hizo con el escepticismo de la oposición, ya que solo los 18 diputados socialistas y los 2 nacionalistas votaron a favor. Los 45 restantes optaron por la abstención, lo que pudo interpretarse como una falta de confianza en los argumentos del Gobierno para encontrar una solución a este conflicto.

En su defensa de la iniciativa, el portavoz socialista, Javier Sada, admitió que la solución definitiva vendrá por que el Ejecutivo de Rajoy entienda que las tasas de reposición son una «bomba en la línea de la flotación» de los servicios públicos.

Pero Carmen Susín (PP) aseguró que tratarán de enmendar el texto para que sea jurídicamente viable, cosa que «hoy no lo es» e indicó que van a ayudar al Gobierno a arreglar

«esta chapuza» y esta «nueva huida hacia adelante», además de al responsable de Sanidad, Sebastián Celaya, al que cree que el consejero de Hacienda le ha dejado «al pie de los caballos».

Itxaso Cabrera (Podemos) acusó a la DGA de actuar únicamente a base de «parches», Berta Zapater (PAR) criticó al Gobierno porque «hacen difícil lo que realmente era fácil» y Susana Gaspar (Ciudadanos) instó a decir que la iniciativa «viene a solucionar un conflicto creado por el Departamento de Sanidad».