MHUEL pide un listado de bienes inmatriculados desde el año 1978

La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) quiere saber el coste social que se deriva de las aportaciones de origen público al patrimonio que la Iglesia dice que es suyo y un listado completo de todos los bienes inmatriculados, sean de dominio público o no, desde el año 1978.

Con motivo del debate abierto a raíz del anuncio del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) de reclamar la propiedad de La Seo y del templo de la Magdalena de la capital aragonesa, la organización pide a los poderes políticos un compromiso firme en la recuperación del patrimonio histórico, artístico y cultural y el cumplimiento de las mociones adoptadas al respecto.

Asimismo, reiteran su compromiso a seguir luchando por la anulación registral de las «ominosas inmatriculaciones» de bienes de dominio público, sean de culto o no, realizadas por las diócesis aragonesas al amparo de leyes de origen franquista «sin pase alguno en el ordenamiento constitucional en vigor».

La organización, que desmiente los calificativos que reciben de ser anticristianos o anticatólicos, critica además la actitud del Arzobispado a raíz del anuncio del consistorio zaragozano, al convocar una rueda de prensa en la que informó de que la inscripción fue legal y que no hubo fraude de ley, dado que en el momento de la inmatriculación --en 1987 y 1988-- el reglamento establecía una excepción a la inmatriculación para los templos destinados al culto católico por su «notoriedad».

Una comparecencia en la que, según MHUEL se escenificó «la típica conducta del poder omnímodo con tres juristas y una registradora de la propiedad de otra comunidad autónoma dando a entender quién manda y quién tiene la razón». Un acto «sublime de incoherencia y de torpeza» además de «escandaloso y vergonzante» del Arzobispado, según MHUEL, que entiende que reconoció de forma tácita que «no tenían ningún título de propiedad reconocido» y que «tuvieron que echar mano de la legislación franquista hipotecaria claramente inconstitucional» y diez años antes de que la ley lo permitiese con la reforma de 1998.