Los regantes de Híjar podrán continuar con la concentración parcelaria que se paralizó en el 2012. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha sentenciado esta semana que el Gobierno de Aragón debe retomar el proyecto, en el que también se pretende mordernizar el regadío, asumiendo los costes, según pedían los vecinos.

El conflicto estalló hace siete años cuando la DGA vinculó a la concentración parcelaria y el proyecto elaborado por Sirasa (ahora Sarga) de riego a presión en el regadío a que los regantes asumieran los costes de este proyecto. Desde el sindicato de riegos se rechazó esta condición «por sus altos costes e inviabilidad financiera» y solicitaron la ejecución de las obras siempre que el coste fuera asumido por el Ejecutivo. Varias plataformas sociales pusieron en marcha diversas acciones de protesta.

Finalmente, tras varias reuniones infructuosas, la falta de acuerdo llevó al sindicato a acudir a los tribunales para evitar que los costes repercutieran entre los vecinos de la población, algo que consideraban abusivo.

El TSJA ha declarado ahora que la vinculación de los proyectos no es legal y ordena a la administración a proseguir con la concentración parcelaria. En definitiva, la sentencia «supone un varapalo a la política de la DGA de imponer a las comunidades de regantes costosísimos proyectos de riego a presión (lo que denomina modernización del regadío) y pone al Ejecutivo entre la espada y la pared respecto a la concentración de Híjar», afirman desde el sindicato.

posible demanda / Los regantes creen que tras la sentencia se podrá retomar la concentración parcelaria. En el caso contrario, piden que se emita un decreto declarando «inútil» el proceso «en contra de sus propios informes técnicos a favor de la necesidad, urgencia y utilidad de la concentración».

En este caso, los responsables del sindicato de riegos alertan de que la Administración «dejaría sin futuro a la agricultura de Híjar» y expondría a la DGA «a demandas por lesividad, daños y perjuicios».