El diputado y portavoz de Agua de Podemos, Pedro Arrojo, forma parte del reducido grupo de parlamentarios que viene del mundo de la ciencia, y más de 40 años estudiando la economía del agua le permiten afirmar que uno de los problemas más urgentes por resolver en España es "el de la pobreza hídrica".

"Al igual que hay pobreza energética hay pobreza hídrica, la sufren personas a las que le cortan el agua porque no pueden pagarla", subraya en una entrevista con Efe este físico, profesor de la Universidad de Zaragoza galardonado con el premio Goldman -el "nobel" de los defensores de la naturaleza-.

El diputado incide en que, tal como pide Naciones Unidas, España debe incluir en la Constitución Española el derecho al agua y al saneamiento, y garantizar una gestión transparente, participativa y en base al interés general de este servicio público, que debe ser de acceso universal.

"Hay que garantizar por ley que sea ilegal cortar el agua a quien no la pueda pagar, porque en estos momentos esta cuestión depende de la piedad del alcalde de turno", explica.

La base intelectual desde la que Arrojo actúa en el Parlamento se resume en un concepto que da nombre a una fundación impulsada por él mismo "la nueva cultura del agua", entendiendo como tal "un cambio ético en la manera de relacionarnos con la naturaleza y, en particular, con el alma azul de la vida en el planeta, que es el agua que fluye por los ríos".

"Los ríos no pueden seguir siendo considerados como canales de H2O que se pierden en el mar, sino como ecosistemas vivos de los que depende nuestra vida y sin los cuales no podríamos vivir", agrega.

Dicho con otras palabras, Arrojo promueve "cambiar el uso utilitarista y cortoplacista con el que se gestiona el agua en España, porque matamos los ríos y nos matamos a nosotros mismos. Aunque sea por egoísmo inteligente hay que hacer una gestión más sostenible y a largo plazo".

En esa línea, propone "una profunda reforma de la Ley de Aguas, que parta de una transposición rigurosa de la directiva europea en la materia, y fije nuevos caudales ecológicos bien calculados, gestione esos caudales con vistas a la conservación de deltas y estuarios, y pare la gran obra hidráulica".

Y es que Arrojo habla de que la gestión actual es "tramposa" y alcanza su máximo exponente en la "legalización del libre mercado de los derechos concesionales del agua", es decir, hacer que los bancos de agua, que se crearon para la compraventa de derechos concesionales en tiempos de sequía, tengan vigencia en cualquier momento.

De este modo quien tenga una concesión de agua en España puede venderla por el tiempo y el precio acordado con el comprador, de manera que el Estado queda al margen y sólo tiene que garantizar una infraestructura -un trasvase- para que el agua circule del vendedor al comprador.

Este mercado, "motor de los trasvases", ejemplifica, a su juicio, "las presiones del movimiento neoliberal por hacer del servicio público de agua y saneamiento un negocio privado".

Para Arrojo, la "nueva cultura del agua" es más necesaria que nunca en un contexto de cambio climático "donde no necesariamente van a disminuir las precipitaciones, probablemente van a aumentar, pero habrá una redistribución de la pluviometría".

"Lloverá parecido pero diferente, es decir, en episodios muy fuertes seguidos de sequías prolongadas, que podrían hacer que el balance de disponibilidad de agua se reduzca bastante, porque además se añade el hecho que el aumento de temperatura hará que las plantas necesiten más evapotranspiración para vivir", destaca.

Arrojo habla de una reducción de caudales de entre un 15 y un 20 % en la cuenca mediterránea, y asegura que la respuesta es "acabar con el crecimiento del regadío, a donde va el 80% del agua usada en España, y poner en marcha un plan de reconversión, con retiradas de regadío indemnizadas en las superficies no rentables y disminuciones en otras zonas".

"Esa reconversión, en la que hay que proteger la explotación familiar y a la gente del mundo rural frente al regadío de grandes terratenientes como la Casa de Alba o las multinacionales, proporcionaría un colchón de reserva para épocas de sequía", detalla.

No regular el regadío en los escenarios de cambio climático previstos para España "sería un suicidio para el propio regadío, es como si el sector del taxi previera un 20 % menos de usuarios y duplicara la concesión de licencias".

El diputado insiste también en que hay que regular el agua en las zonas urbanas, de manera que no se pueda construir donde la autoridad hídrica no haya garantizado previamente la disponibilidad de agua para esa urbanización.