Las promesas en la lucha contra la despoblación en Aragón siempre chocan contra la realidad de los presupuestos. Es lo que pasó con la llamada Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, una norma publicada en el 2007 que se quedó sin efecto y sin dotación como consecuencia de la crisis económica. El consejero de Presidencia de la DGA, Vicente Guillén, consideró ayer que su recuperación sería positiva ya que en el texto se enumeraban «los problemas del mundo rural, incluida la despoblación, y las distintas posibilidades de invertir en este medio».

El consejero indicó en un foro sobre despoblación organizado por la Asociación ADEA celebrado en Teruel que esta posibilidad permitiría aplicar «incentivos fiscales a empresas y personas que viven en el medio rural» e incluso a la creación de alguna figura de gestión de los fondos que van destinados al medio rural, como es el caso de lo repartido a cargo del Fite.

Por su parte, el presidente de los empresarios aragoneses, Salvador Arenere, reclamó la creación de una oficina del inversor para facilitar la implantación de empresas y actividad en territorios poco poblados y dotar de una mayor agilidad a los trámites administrativos que deben solventar las empresas para desarrollar su actividad.

El dirigente socialista también insistió en la necesidad de que la despoblación y la dispersión territorial y el envejecimiento «pesen más» a la hora de decidir el futuro sistema de financiación autonómica.

En su opinión, esto permitirá dedicar más recursos a servicios públicos básicos como la sanidad o la educación, para los que hay dificultades en la actualidad, como es la falta de médicos que quieren ejercer en el medio rural.

«La obligación de las administraciones públicas», afirmó Guillén, «es que la brecha entre lo rural y lo urbano no sea tal». Por eso remarcó la perspectiva de que la despoblación es una «forma de desigualdad» y acabar con ella «se hace con presupuestos» que permitan reconducir sectores, por ejemplo el agrícola, con investigación e innovación.