Las entidades memorialistas que excavan fosas comunes en el cementerio de Pomer con el fin de extraer los restos de 15 vecinos fusilados en la localidad al comienzo de la guerra civil buscarán fórmulas alternativas para obtener fondos que les permitan proseguir su labor después de que el Gobierno de Aragón les comunicara el pasado día 13 que ese mismo día concluía el plazo para justificar la subvención concedida al proyecto de exhumación. Este desajuste, que ha sido duramente criticado por las asociaciones de recuperación de la memoria, se debe al retraso en la aprobación del presupuesto de la comunidad para este año y al cierre contable ya ejecutado.

«Dentro de dos o tres días decidiremos qué hacemos, si apelamos a donaciones de particulares o tapamos la fosa excavada para presentarnos a la próxima convocatoria oficial de ayudas», señaló ayer Miguel Ángel Capapé, responsable de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico), una de las entidades que trabaja en estos momentos en el camposanto de Pomer.

En este lugar se encuentran enterrados 15 vecinos que fueron fusilados en las tapias del cementerio en los primeros meses de la contienda. El pasado día 13, el equipo de búsqueda encontró los restos de seis de los represaliados y se ha localizado otra fosa en la que puede haber restos de otros cinco vecinos, como mínimo, según señaló ayer Capapé.

FAMILIARES

El responsable de Arico señaló que han localizado a familiares de los represaliados que han mostrado interés por colaborar económicamente, a título particular, para que se pueda llevar adelante la exhumación, dado que la fase de excavación sigue adelante actualmente gracias a una subvención concedida por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Asimismo, Capapé manifestó que personas vinculadas a distintas entidades memorialistas se han ofrecido para aportar fondos que permitan llevar el proyecto a buen puerto. «Es una barbaridad tener que tapar la fosa y dejarla así un año más hasta que recibamos las ayudas que necesitamos», lamentó el presidente de Arico.

A primera vista, exhumar los restos óseos de los fusilados no parece una labor complicada. Pero, al margen de la obtención de los permisos pertinentes, requiere la intervención de un arqueólogo al frente de un equipo humano con los medios técnicos suficientes.

«Hay que pagar los honorarios del arqueólogo, así como el alojamiento y manutención de los que participan en el proyecto», explicó Capapé, que precisó que también se ha alquilado un furgón con cierta capacidad de carga para el transporte de los restos en cajas. «Cada día que pasa se generan más gastos», subrayó.

«INCUMPLIMIENTOS DE LA DGA»

El retraso en la concesión de la subvención del Gobierno de Aragón ha puesto en peligro esta nueva excavación en la provincia de Zaragoza y ha recibido una airada respuesta de los afectados, desde las asociaciones memorialistas a los familiares de víctimas del franquismo.

Su indignación quedó patente el pasado día 13 a través de un comunicado en el que denunciaron «las deficiencias en las bases de las subvenciones del Gobierno de Aragón para el 2017 y los incumplimientos de los acuerdos alcanzados entre asociaciones memorialistas y el Gobierno de Aragón». Este problema, que amenazó los sondeos, podría ahora paralizar la exhumación.