Ha pasado un mes desde que se activara la comisión de investigación que analizará los planes de saneamiento del anterior Ejecutivo socialista en coalición con el PAR y no parece que se haya sacado nada en claro. Los diputados designados para escrutar las responsabilidades políticas que penden sobre aquel modelo han embarrancado en los más de 150 nombres que se han propuesto como comparecientes y en las miles de páginas de documentación relacionadas con los mismos.

La presidenta de la comisión, la diputada de Podemos Marta de Santos, no quiso atender ayer a los medios de comunicación al considerar que la situación no ha variado significativamente desde la reunión de hace quince días en la que se encontraron con el mismo problema. El resto de diputados participantes tampoco rompió el silencio y se emplazaron a un nuevo intento el próximo 2 de marzo. En ese momento habrán consumido buena parte de los seis meses de plazo inicial para desarrollar los trabajos, que comenzaron en una sesión celebrada el 25 de enero.

La falta de avances se debe, fundamentalmente, a la falta de consenso a la hora de fijar el periodo que debe analizarse en la investigación. Una de las opciones implica remontarse al año 1995, fecha en la que se aprobó la ley estatal de referencia para el saneamiento. Las otras podrían centrarse en el periodo en el que se inició la planificación autonómica (2001) o en la fecha en la que comenzaron las obras que se cuestionan (2004). La alternativa amplia sería la opción más acorde con el nombre oficial de la comisión, en la que no se hace referencia a unos planes en concreto, y parece ser la que en la actualidad cuenta con más posibilidades de salir adelante.

Respecto a los testigos e implicados que deben comparecer en las Cortes de Aragón para dar su versión de los hechos, solo existe unidad sobre los principales responsables políticos estatales y autonómicos en cuestiones de medio ambiente en aquellos años. Con el resto de posibilidades las opciones se multiplican hasta el punto de hacerlas inviables. En otras comisiones similares se han sometido a las preguntas de los diputados unas 60 personas frente a las 150 actuales. La lista implicará tanto a empresarios como alcaldes o a los técnicos encargados de los contratos.

EFICACIA

La presidenta de la comisión declaró tras la segunda sesión, celebrada el 7 de febrero, que el objetivo planteado por todos los participantes en la misma es el de ser «eficaces» y evitar declaraciones redundantes o que no aporten contenido.

El objetivo de esta investigación es la de aclarar las irregularidades constatadas por la Cámara de Cuentas en un informe del mes de marzo. En él se destacaba que las licitaciones y las infraestructuras en materia de saneamiento desarrolladas entre los año 2001 y 2015 eran cuestionables por su viabilidad y su rentabilidad.

La opinión generalizada es que tras esta primera fase de análisis y organización de la información se pueda avanzar con más ligereza. Existen algunos precedentes similares y se recuerda que el plazo de seis meses puede ser prorrogado, aunque para ello se requeriría una nueva mayoría parlamentaria.

También hay coincidencia, por ahora, en que no se está produciendo un bloqueo de los trabajos por exceso, al considerar que las discrepancias entre nombres e informes tienen más que ver con cuestiones técnicas que políticas. Uno de los problemas con los que se han encontrado está en la forma de citar a los responsables de uniones temporales de empresas que han sido disueltas en la actualidad o a los responsables de ayuntamientos que no están en el cargo.

RESCISIONES

Los planes para la construcción de depuradoras que han puesto en marcha la investigación en el palacio de La Aljafería ya han sido rescindidos. La decisión la anunció el responsable de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, el pasado mes de junio. También está en marcha la conversión del Instituto Aragonés del Agua (IIA) en una dirección general y se está trabajando en solucionar el problema de los municipos que han sido multados por no tener depuradora.

Ayer mismo se celebró una reunión política en el Departamento de Desarrollo Rural para trabajar en la nueva ley de aguas de la comunidad y poner fin a las dudas abiertas en la actualidad.