Alrededor de medio centenar de socios cooperativistas del complejo residencial Gran Canal II, en Parque Venecia, esperan desde noviembre a que se les entregue las llaves de su vivienda, según ha podido saber EL PERIÓDICO a través del expresidente de la cooperativa Cesaraugusta Gran Canal I, la fase anterior de este complejo residencial. Según afirma, esta situación se debe a que la construcción sobrepasa lo que marca la licencia de obras.

Precisamente, que se sobrepasara la licencia ya se dio en la fase I y -explica- este hecho es el que ha llevado a que la promotora haya retrasado la entrega de las viviendas desde noviembre, a la espera de la aprobación de un trasvase de edificabilidad -un procedimiento por el que se adquiere más terreno de otra parcela que aprobó ayer el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza- que le permitirá reestablecer el orden urbanístico a partir de ahora.

El expresidente de la cooperativa presentó este mes una denuncia en el servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza en la que se incide en que la fase II rebasa la licencia de obras. En este documento señala que «a simple vista se aprecia que la obra ejecutada no se corresponde con la licencia de obras concedida».

Como indica en el texto, esta construcción mantiene una simetría, alineación y profundidad con la primera fase, que ya fue denunciada por un exceso de edificabilidad que, posteriormente, confirmó Inspección Urbanística en 284 metros cuadrados.

Expone en la denuncia que en este caso se logró la licencia de primera ocupación mediante una «declaración responsable intencionadamente engañosa». Por todo ello, el consistorio mantiene abierto un expediente sancionador por falta grave al promotor, al constructor y al director técnico de las obras.

El denunciante señala que en la fase II han repetido la operación económica y que, salvo el nombre, las parcelas en las que se han construido las viviendas «tienen todo en común: el constructor, el director técnico, la gestora y en el consejo rector de ambas cooperativas coinciden el presidente, el secretario y la tesorera». Al final del documento, solicita la inspección de la obra «para evitar otro engaño» y que se comunique a los cooperativistas «la imposibilidad de ocupación del inmueble en tanto no pueda calificarse conforme al ordenamiento jurídico».

La aprobación ayer en el pleno del trasvase de edificabilidad es el primer paso, precisamente, para lograr su regularización.