El presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, ha asegurado hoy que desligar la reinversión del superávit de la aprobación del proyecto de Presupuesto General del Estado permitirá a la institución provincial destinar 8 millones de euros a actuaciones encaminadas a mejorar el día a día de los pueblos.

Gracia ha participado hoy en la reunión que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha celebrado en Madrid con más de 300 alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales.

Allí, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha explicado el encuentro mantenido ayer con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras el que el Gobierno avanzó que a través de un decreto-ley facultaría a los ayuntamientos a movilizar el superávit que hubiera acumulado en el ejercicio 2017.

Gracia ha destacado en un comunicado que las administraciones locales son las únicas que cumplen "con todos los requisitos" que se les marca a nivel europeo y central en materia económico-financiera.

El presidente de la DPH ha resaltado otros tres aspectos importantes para la administración local: la renegociación de la regla del techo de gasto, una revisión de la financiación local y la revisión de las tasas de reposición.

En lo relacionado con la tasa de reposición, el Ministerio de Hacienda y la FEMP están avanzando el poder flexibilizar la actual normativa y que las corporaciones locales puedan asentar en sus puestos de trabajo a muchos trabajadores de la función pública que hoy están ejerciendo desde la interinidad.

Asimismo, "esperamos que la normativa permita mejorar el índice de reposición en los servicios fundamentales y que la autonomía local determine qué servicios son necesarios reforzar en cada institución, y no se encuentren vinculadas a imposiciones del propio Ministerio", ha aseverado el presidente de la DPH.

Y sobre la necesidad de avanzar en la nueva financiación local, Gracia ha recordado la corresponsabilidad de la administración local para con el Estado: el 30 % de la financiación local procede del Estado y el 70 % de la propia recaudación; justo a la inversa de la financiación de las comunidades autónomas.

"El acuerdo del Ministerio de Hacienda con la FEMP para la financiación de las administraciones locales se debe dar al mismo tiempo que el del Estado con las Comunidades Autónomas", ha concluido.