La Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (Asetrad) celebra desde ayer y hasta mañana un congreso conmemorativo de su XV aniversario en Zaragoza. Más de 300 profesionales se reúnen en el World Trade Center del Actur, con abundante presencia internacional (desde Argentina o Estados Unidos a Bosnia) y especialmente orgullosos de la «gran presencia de mujeres, que somos la gran mayoría en el mundo de la interpretación». Así lo explicaba ayer una buena muestra de ello, María Galán, presidenta de Asetrad.
Entre temas «más endogámicos» que afectan a la profesión, en el programa de este año se colaban dos mesas «largamente demandadas» por los profesionales, por sendas situaciones preocupantes.
La primera, la de los traductores que actúan en conflictos bélicos. Según explicaba Galán, en muchos casos se trata de población local, que actúa con las tropas militares «con un chaleco de la Cruz Roja con la T de translator (traductor en inglés)». Algo que les da cierta protección, pero que ya no les vale cuando el Ejército en cuestión abandona el lugar, y frecuentemente son objetivo terrorista al considerales colaboracionistas. «Muchos piden asilo en el extranjero, pero no siempre se les concede», explicaba.
La otra mesa versó sobre la profesionalización de los traductores judiciales. Según explicaba uno de los intervinientes en la ponencia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, «la normativa europea -que obliga a contar con un registro de traductores judiciales titulados- lleva traspuesta desde el 2015, pero no se crea el registro», explicaba.
Las administraciones responsables no han llegado a aplicar sus recursos para garantizar la traducción jurídica adecuada, cuando es «un derecho fundamental» pues afecta directamente a la defensa. El juez comparaba una traducción deficiente a la falta de un párrafo en una sentencia, que por falta de explicación puede traducirse en una entrega en prisión o no.
