EL 15-m y la asociación de senegaleses de aragón
Grupos de apoyo a los manteros niegan las injurias a la Policía
La jueza les tomó declaración en calidad de imputados

Grupos de apoyo a los manteros niegan las injurias a la Policía
L. M. G.
La Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA) y el Grupo de Derechos Civiles 15-M Zaragoza están siendo investigados judicialmente por verter públicamente imputaciones relacionadas con la sustracción de mercancía a los manteros y la realización de identificaciones con perfil étnico por parte de la Policía Local de la capital aragonesa. Ayer, la jueza instructora del caso tomó declaración a sus representantes, quienes negaron las injurias y apuntaron que ellos han ayudado a los manteros a nivel jurídico que ellos tan solo han recogido, a través de un dossier las quejas de estas personas.
El representante del 15-M señaló en su declaración, a la que tuvo acceso este diario, que el grupo de derechos civiles al que pertenece «no es una estructura jerarquizada y que es un espacio donde acude gente y se habla». «A mí los manteros me han dicho muchas cosas y entre otras las incautaciones de material en las que no dejan resguardo, que van a por unos en particular y que les hablan con expresiones racistas», si bien insistió en que en el informe que se presentó en el Ayuntamiento de Zaragoza (en el que se creó una investigación interna ahora cerrada) él no participó ni en su redacción directa, ni tuvo conocimiento del contenido. «El apoyo que se les hace a los manteros es en aras de la defensa de los derechos humanos y debido a la dificultad de comprender nuestro idioma y el desconocimiento del ordenamiento jurídico».
Desde AISA, su portavoz señaló que la asociación lleva recibiendo quejas desde hace «tres años». «Les persiguen hasta a los portales de sus casas, por los autobuses y hasta en el tranvía», señaló. Con respecto a las injurias, este senegalés manifestó que «son los propios afectados los que representan sus quejas y la asociación solo los acompañan».
Esta investigación la lleva de oficio el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital aragonesa, después de que el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ), representado por el abogado Luis Rox. interpusiera una querella por un delito un delito de odio.
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