La Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó ayer a diez colombianos afincados en la capital aragonesa que fueron arrestados, a finales del 2017, por distribuir cocaína en la capital aragonesa. La sustancia estupefaciente la procesaban en un laboratorio que tenían en la localidad valenciana de Alfafar, según comprobaron los investigadores. Se enfrentan a penas de prisión que van entre los tres años y los nueve años, máxima.
Del total de encausados, tres de ellos, Humberto V., Andrés F. y Edison S., no tuvieron otra opción que admitir que era suya la droga con la que les sorprendió la Policía. No obstante, señalaron que era para el menudeo y así poder costear sus adicciones. Los tres quisieron exculpar a sus mujeres, también procesadas, porque «eran desconocedoras» de lo que hacían. También quedó patente que los dos supuestos cabecillas de la organización están en paradero desconocido.
La operación policial se saldó con la aprehensión de tres kilos de cocaína, 683 gramos de sustancia de corte, 12.450 euros en efectivo, y abundantes sustancias químicas e instrumental utilizado para el procesado de cocaína.
Según los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, esta banda de narcos introducía la droga en España a través de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. La procesaban en el laboratorio clandestino que tenían en Alfafar, y desde allí la distribuían. Zaragoza era epicentro de la banda, ciudad en la que fueron detenidos ocho de los imputados y en la que se distribuía gran parte de la cocaína procesada en el laboratorio clandestino.
Para llegar a ellos fue fundamental los pinchazos telefónicos realizados por la Policía. El penalista José Luis Melguizo pidió impugnar dichas intervenciones por considerar «que estaban sesgadas, había defectos de forma, no estaban transcritas en su totalidad y que algunas conversaciones estaban interpretadas». Una argumentación a la que se suscribieron también los otros abogados de las defensas, Alejandro Giménez y Alejandro Sarasa.
