Una estafa de dimensiones incalculables está amenazando seriamente el transporte público en Zaragoza. Un hackeo incontrolado que afecta a la tarjeta ciudadana personalizada y a la anónima, bautizada como Lazo, está permitiendo, a través de una aplicación para teléfonos móviles con tecnología NFC o de huella táctil, poder efectuar recargas ilimitadas para utilizar el autobús o el tranvía de forma gratuita y con total impunidad. Indetectable por los inspectores que vigilan el fraude a bordo y por los propios sistemas de seguridad que controlan posibles operaciones anómalas, el fabricante de este dispositivo, Hiberus Tecnología, ha constatado lo que lleva semanas circulando por institutos y el campus universitario.

El Ayuntamiento de Zaragoza y la propia empresa tuvieron constancia de forma fehaciente de esta práctica irregular a finales de la semana pasada, llevan varios días investigando y recopilando datos, y ahora sopesan poner el asunto en manos de la Policía, porque los beneficiarios de esta estafa masiva podrían contarse por miles y los responsables no se sabe cuántos son. Una leyenda urbana que se convierte en mal sueño y obliga a tomar medidas a toda velocidad, aunque el alcance podría ser menor si son capaces de atajarlo anulando todas aquellas tarjetas en las que detecten que se han registrado estas recargas ilegales.

La tarjeta bus de Avanza también podría estar sufriendo, como la ciudadana y la Lazo, esta práctica que, en resumen, consiste en facilitar una aplicación desde la que poder introducir crédito en la tarjeta de transporte público. Y se hacía de 50 en 50 euros para no levantar sospechas de la operadora del tranvía y el bus, que da la casualidad que en la capital aragonesa es la misma, la propia Avanza Zaragoza.

HASTA 200 EUROS

Al parecer, son varias las personas encargadas de ofrecer en los institutos y las facultades de la ciudad a los jóvenes estas jugosas recargas. Y cobrando por ello. En algunos casos, cabía la posibilidad de abonar 300 euros y así disponer de la aplicación informática, llamada Nfctuzsa, en el teléfono móvil para hacer recargas ilimitadas. En otros, ese mismo captador de clientes realiza la recarga a la persona interesada desde su móvil, cobrándole un porcentaje de en torno a un 20%. Cincuenta euros de recarga pagando solo 10. Pero la estafa, que no dejaba rastro a la hora de pasar por la validadora, sí tiene fallos. Uno, el poco cuidado con el que se hacía uso de esta trampa. Se han llegado a inyectar, en varias operaciones, hasta 150 o 200 euros en la misma tarjeta de transporte.

El problema es conocer el alcance real y cuántos casos se han dado en los que la clientela sí actuaba con más cautela. Cuántas recargas de solo 50 euros se han podido realizar en las «tres o cuatro semanas» que esta práctica está circulando por centros de Secundaria o el campus. Sobre todo en la zona de Universidad.

Hoy mismo está prevista una reunión de urgencia entre los responsables del consistorio y la propia empresa Hiberus para abordar este asunto. Por dos cuestiones clave: decidir contra quién actuar jurídicamente y atajarlo de inmediato. Esta práctica es una conducta delictiva. «La comercialización de software cuyo objetivo es realizar un fraude supone un delito penal que puede acarrear penas de prisión», destacaron desde el consistorio. «Los usuarios de la tarjeta que sean identificados haciendo uso de este tipo de fraude también podrían estar cometiendo un delito de estafa», añadieron.

En segundo lugar, hay que determinar, el alcance que ha podido tener el agujero por el que se ha colado este hackeo informático y urge cerrarlo cuanto antes para que la sangría económica no vaya a más. No es una cuestión baladí que en el caso del autobús a Avanza se le paga por kilómetros recorridos pero se descuenta la recaudación. Y en el del tranvía, el número de viajeros es parte importante del pago a la operadora. Si pueden validar pero sus recargas salen gratis, las cuentas no van a cuadrar después.

Hay una esperanza: las tarjetas ciudadanas personalizadas que no se hayan recargado en las terminales y puntos de distribución habituales, ofrecerán un nombre al que dirigirse. No así la Lazo, que se anulará en caso de detectarse una recarga ilegal.