La presencia de buscadores furtivos de setas en el este de Teruel, en particular en la comarca de Gúdar-Javalambre, ha llevado a la Guardia Civil a reforzar la vigilancia ante las quejas de los vecinos y los ayuntamientos, que han denunciado la inseguridad que crea esta situación.

La recolección de setas está regulada hace varios años en las zonas donde más abundancia se da de este producto de la naturaleza. Los reglamentos locales distinguen entre vecinos y personas de fuera del municipio y entre el uso personal o comercial de las setas, con distintas tarifas para cada una de las modalidades.

Sin embargo, pese a este control, los ayuntamientos se ven impotentes a la hora de aplicar la normativa, por lo que se ven obligados a recurrir a la Benemérita.

«El coto ya está abierto», explica la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea, que ha constatado que esta temporada, «pese a que no es buena para los robellones», se ha detectado en la zona la presencia de «cuadrillas compuestas por personas del Este de Europa que arramblan con todo lo que encuentran y causan un tremendo daño al monte».

Los buscadores furtivos, que no pagan las tasas establecidas (seis euros al días por persona y un máximo de 12 kilos) para los no residentes, «montan campamentos ilegales» que se desplazan de un lugar a otro y van esquilmando el terreno.

Las acampadas que realizan estos grupos son también ilegales, pues no tienen permiso para ello. Su presencia en la zona, a veces a la vista del pueblo pero a cierta distancia, «genera inseguridad» tanto en otros buscadores como en los propietarios de fincas, pues normalmente no se respetan las señales que avisan de la entrada en una propiedad privada.

«No hay hurtos ni nada de eso, pero su presencia por sí sola causa intranquilidad», precisa Lucea, que desconoce dónde se comercializan las ingentes cantidades de robellones que los furtivos se llevan de los extensos pinares de Mosqueruela, una pintoresca localidad en una zona montañosa que limita con la provincia de Castellón.

La normativa de esta población establece permisos de distintos precios y fija unas tarifas en función de la finalidad de la recolección, como en el caso de la comercialización, en la que los vecinos deben pagar 60 euros por temporada por un máximo de 60 kilos por persona y día.

En los pueblos se informa a los visitantes de los requisitos que deben cumplir. Si no fuera así, dicen los trípticos que se reparten, la gran riqueza que suponen las setas correría peligro de desaparición por culpa de las malas prácticas.

Otra zona que padece la presión de los ilegales es el vecino Maestrazgo. «Este año ha llovido poco y está haciendo un calor que no es bueno para la aparición de las setas», advierte Roberto Rabaza, presidente de la comarca. Por ello han notado una menor presencia de acampadas ilegales. «Otras temporadas ha habido más y la verdad es que los furtivos lo arrasan todo», explica. «No van solo por el monte público», indica. «Si se encuentran con una alambrada, la cortan y siguen adelante, ajenos por completo a las normas», asegura.

El riesgo es múltiple, pues los acampados hacen fuego y se pueden producir incendios. Además, pernoctan en corrales y masías abandonadas, sin ninguna medida de higiene, con el consiguiente problema para la salubridad en el medio natural.

«Normalmente llegan aquí en camiones que los dejan y vuelven al cabo de un tiempo, cuando han conseguido una cantidad suficiente de setas para que el viaje resulte rentable», añade Rabaza, que es también alcalde de Tronchón.

PERJUICIOS

Otro sector que se ve perjudicado por la afluencia de recolectores es el de la ganadería, que tiene una gran importancia económica en el Maestrazgo. La apertura y cierre de vallas debe hacerse de tal manera que los animales no puedan escapar.

Sin embargo, los furtivos no respetan estas normas y a menudo las vacas u ovejas se salen de sus cercados, lo que ha provocado las quejas de los ganaderos.

Es difícil seguir la pista de los hongos obtenidos de esta forma ajena a la normativa, pero normalmente suelen salir a la venta en tiendas de alimentación de ciudades como Valencia y Barcelona, así como Zaragoza y Madrid.

Los recolectores ilegales cobran cantidades ínfimas por un trabajo que puede ser agotador y, sin embargo, una vez en las tiendas, el producto se encarece de forma notable.

El problema es grande y tiene múltiples facetas. «Los líos no vienen solo con los furtivos, también sucede que los que pagan los pases no se atienen a las normas, cogen más kilos de los permitidos y arrasan zonas de monte en la que, luego, cuesta mucho que vuelvan a salir setas comestibles», denuncia un vecino de Mosqueruela.