La Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón considera que, si hace cuatro años la «emergencia habitacional» por los desahucios debía de ser una prioridad en las políticas públicas, actualmente está «controlada», ya que se ha encauzado el procedimiento, bien por mediación hipotecaria o dando una alternativa de alojamiento a las familias vulnerables. Así lo afirmó ayer la directora general del ramo, Verónica Villagrasa, en la Comisión de Vertebración del Territorio de las Cortes.

El calificativo fue criticado por la oposición, sobre todo por Álvaro Sanz, de IU, que le recordó que los desahucios están al nivel de hace seis años. También la portavoz de Podemos, Marta Prades, le animó a no confiarse. En cualquier caso, Villagrasa afirmó que siguen trabajando y atendiendo a nuevos problemas emergentes, como los inquilinos que no desalojan la vivienda tras acabar el contrato, o los que residen en viviendas sin él.

La directora general urgió una Ley de Vivienda, que no pudo ser aprobada la pasada legislatura, y reiteró que se contemplará el uso de viviendas desocupadas de banca o grandes tenedores. Para ello también se esforzarán en finalizar el registro de viviendas vacías de Aragón. Entre esto y el plan de vivienda pública que ya anunció el consejero José Luis Soro, pretenden aumentar las casas disponibles en el parque público.

Además de otros ejes como la rehabilitación, la directora general se refirió a las dificultades para la tramitación de las ayudas al alquiler del año pasado, que afirmó que ya están solucionadas en Zaragoza y lo estarán, en breve, en Huesca y Teruel, con casi 5.000 familias beneficiadas.

Las siguientes convocatorias que anunció fueron la del alquiler para jóvenes, que este año no se ha lanzado, para el 2020, y la general, que se lanzaría de nuevo en el 2020 para el 2021, para lo que confió en que las dificultades de tramitación del año pasado sirvan de escuela para estas futuras ocasiones.