La titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza sentó ayer en el banquillo a R. W., el dueño de un establecimiento comercial de Zaragoza al que detuvieron en el 2017 con más de 2.061 botellas de vinos y licores procedentes de hurtos y que hubieran alcanzado un valor en el mercado de unos 30.000 euros.

Unos recipientes que ahora son objeto de otra investigación, ya que han desaparecido más de 300 de los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón en el que se custodiaban. Otro juzgado ha imputado a cinco agentes de la Policía por su presunta implicación en la apropiación indebida de dicho alijo.

Aunque había dudas de si se celebraría este juicio por haberse roto la custodia de la prueba principal contra R. W., la magistrada le sentó en el banquillo y la Fiscalía solicitó para él una condena de tres años de prisión por un delito continuado de receptación.

Este hombre, ayudado por un intérprete, aseguró que las botellas que vendía en su establecimiento las compraba previamente en otros supermercados. Su abogado defensor, Antonio Puertas, presentó más de 100 folios con tickets de compra de dichas bebidas alcohólicas. Sin embargo, los agentes del Grupo de Hurtos de la Policía que investigaron los hechos aseguraron que este hombre adquiría la mercancía a «dos hurteros» de nacionalidad rumana que estaban fichados por hechos similares. Fueron detenidos dentro del local.