La Audiencia de Zaragoza ha confirmado el fallo condenatorio interpuesto contra el exjuez y la exnotaria del Tribunal Interdiocesano de Zaragoza por apropiarse indebidamente de 3.840 euros. En primera instancia Roberto Ferrer fue penado a un año y nueve meses de cárcel y María del Carmen Amador con nueve meses.
Ambos recurrieron, pero el tribunal provincial ha rechazado su principal argumento porque no aplica la reciente reforma del Código Penal, entendiendo que debe aplicarse el anterior al 2015. Es por ello que, aunque los magistrados admiten que el religioso Ferrer "distrajo" el dinero a terceros, "no es objeto ni función del Tribunal eclesiástico hacer obras de caridad en favor de terceros, ni abonar comidas, ni sufragar reuniones de jueces eclesiásticos, ni su formación, pues ello excede de sus competencias".
"No podrá obviarse de que parte del destino dado al dinero obrante en la cuenta corriente del Tribunal eclesiástico podría considerarse adecuado desde un punto de vista pastoral y eclesial incluso, pero ello no es algo que pueda justificar lo actuado desde el punto de vista estrictamente penal de la cuestión pues es obvio que el dinero se destina a objeto distinto al ámbito del propio funcionamiento del tribunal eclesiástico de primera instancia del que el recurrente es titular y administrador", señala la sentencia.
Junto a la denuncia por la vía penal, el Arzobispado de Zaragoza denunció a Ferrer y a Amador ante la Nunciatura Apostólica, si bien fueron absueltos. Una exoneración que los acusados presentaron ante la Audiencia de Zaragoza como argumento de que son inocentes, si bien el tribunal civil lo rechaza por entender que fueron acusados por un delito diferente, es decir, por malversación y no por apropiación indebida.
Amador fue condenada por cooperar con Ferrer en distraer el dinero. Hecho que ha ratificado la Audiencia de Zaragoza que entiende que era conocedora de que ese dinero procedía del cobro de los honorarios de un perito que decidió renunciar a ellos. "Emitía cheques al portador, uno de 660 euros, otro de 360 euros y siete más de 300 euros, que entregaba a Ferrer quien los cobraba", recalcan.
Esta sentencia no es firme y va a ser recurrida ante el Tribunal Supremo por la defensa, ejercida por los abogados José Luis Melguizo y Fernando Lacruz.
BATALLA JUDICIAL
Este asunto se enmarca dentro una batalla entre sectores de la curia zaragozana. Atrás quedaron los mensajes de Whatsapp recibidos por Ferrer de parte del actual arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. En uno de ellos, el cardenal escribió: «Ya sé que no paráis en la recogida de datos. Ánimo. Va todo, por lo que veo, por buen camino. Seguid así. Ojalá logremos sanearlo todo. Un abrazo». Faltaban 12 días para que Ferrer, Amador y el sacerdote y profesor del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA) Antonio Mas enviaran sus informes al papa Francisco, denunciando la forma de dirigir la diócesis que tenía Manuel Ureña. Mes y medio después era cesado tras el pago de más de 60.000 euros a un diácono por su secularización.
