El centro de atención a la discapacidad intelectual CAMP-CADI de Zaragoza cuenta con varios de sus usuarios enfermos por covid-19. Los casos positivos son 5, pero los enfermos con síntomas y picos de fiebre superan los 30, según informan una de sus auxiliares y otra trabajadora, quienes prefieren guardar su anonimato.

Ante la propagación del virus entre los internos y las trabajadoras desde hace una semana, las auxiliares y enfermeras, dedicadas a la atención directa de los usuarios, denuncian la falta de material para su protección. “Lo que hemos conseguido es donado o porque nosotras nos hemos movido”, explica. El equipo que emplean son monos de fumigar donados por la familia de una compañera, pantallas que una empresa donó tras la solicitud de otra de las empleadas, mascarillas que quedaban en el centro por el tratamiento de un paciente con citostáticos, batas confeccionadas con bolsas de basura, mascarillas impermeables proporcionadas por una familia del centro y mascarillas de tela donadas.

La auxiliar añade que, tras la sentencia judicial que insta a la administración a dotar de material sanitario, el pasado fin de semana llegó al centro equipo de protección compuesto por guantes y mascarillas quirúrgicas. Sin embargo, no es suficiente para su protección. “Estas mascarillas no nos sirven para atender a los pacientes porque sirven para que, si yo estoy contagiada, no contagie al paciente, pero él me puede contagiar a mí”, detalla. Afirma que es una “situación de desprotección total” y que hay varias trabajadoras de baja, de las que, al menos una de ellas, ha dado positivo en covid-19. Pero a los que están en activo no les hacen el test, “porque seguramente nos tendrían que mandar a casa”, aclara. Otra de las trabajadoras explica que el lunes recibieron 10 mascarillas para 150 trabajadores.

Aseguran que llaman todos los días al departamento de riesgos laborales, “la respuesta es que no sabían cuándo iban a llegar los EPI”, añade. También han preguntado si la DGA había pensado en sacar a los enfermos a centros habilitados. Y les preocupa el riesgo de contagio a sus propias familias, ya que, tras su jornada laboral, vuelven cada día a sus casas.

El confinamiento en este tipo de centros es muy complicado, así como el control de la situación, según explican las trabajadoras. “Es difícil controlarlo porque se han estado mezclando todos, no entienden por qué no pueden salir y no pueden guardar las medidas de seguridad. Además, estos chicos hace tiempo que no reciben visitas y no pueden salir y hay repuntes de agresividad”, detalla. El contagio ha desbordado el trabajo de los empleados, quienes explican que el contacto con los usuarios es constante, ya que son personas multidependientes, que no manifiestan si se encuentran mal y el aislamiento es contraproducente a nivel emocional.

Las auxiliares tampoco disponen de termómetros infrarrojos y tienen que desinfectar los que utilizan cada vez después de su uso. Han adaptado su rutina a la situación y se han informado sobre cómo quitarse correctamente los EPI, usan batas quirúrgicas encima de los monos, llevan spray pulverizador, cada vez que salen de la habitación de aislamiento se limpian las botas de agua que emplean y en la puerta del módulo han colocado un balde con desinfectante para meter el pie. “Todas estas medidas son ideas de todas las compañeras”, según palabras de la auxiliar.

El CAMP es un centro público dirigido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y en él residen 120 usuarios con discapacidad intelectual grave. Dispone de tres módulos y a partir de ahora cada usuario reside en su módulo correspondiente y no sale de él. Los enfermos se encuentran en habitaciones de aislamiento, repartidas en individuales y triples, y los que han dado positivo están en el hospital, donde les hicieron la prueba. En el centro también les han hecho la prueba a algunos internos y han dado positivo.